El afán de encubrir actividades delictivas puede dificultar la detección de irregularidades, como lo ha señalado un experto del sector minero. La mayoría de las veces, si las intenciones de quienes cometen un delito son sigilosas, se les escapa a los controles establecidos.

OVIEDO, 10 de octubre.

Alberto Quirino Vázquez, jefe de la sección de Seguridad Minera y actuario de la mina de Cerredo, donde se produjo un trágico accidente en marzo que dejó cinco obreros fallecidos, ha testificado que realizó visitas a la explotación en septiembre de 2024 y enero de 2025. En ambas ocasiones, no encontró evidencia de extracción ilegal de carbón.

Su comparecencia ante la comisión de investigación en la Junta General del Principado de Asturias tuvo como objetivo desentrañar las posibles causas del accidente y las responsabilidades legales que podrían derivarse del mismo.

Durante su intervención, Vázquez explicó que su inspección en la mina se realizó conforme a los procedimientos establecidos y que nunca efectuó visitas sin previo aviso, a pesar de la posibilidad de que las situaciones irregulares justificaran inspecciones sorpresivas.

En su visita de 2024, el inspector accedió únicamente al piso tercero de la mina, omitiendo la zona donde ocurrió la explosión. Aclaró que esta inspección se realizó en la 'capa María', donde los trabajadores estaban realizando labores de "retirada de chatarra". Esta área se localiza a unos 280-300 metros dentro de una galería de más de 700 metros, un espacio al que no pudo acceder debido a las restricciones de seguridad. Además, apuntó que faltaba ventilación adecuada y una cinta indicadora prohibía el paso.

Después de comprobar la zona accesible, Vázquez enfatizó que no halló indicios de extracción, ya que más allá de ese punto, la mina resultaba inaccesible. En el área inspeccionada tampoco observó ninguna actividad sospechosa.

Pasando a su visita en enero de 2025, detalló que se efectuó en el primer piso de la mina, donde tampoco notó movimientos que encendieran las alarmas. Sin embargo, planteó la posibilidad de que, si se estuviera llevando a cabo una extracción ilegal, esta podría realizarse de manera encubierta y sin ser advertida. "Después del accidente, todos conocían la situación, pero nadie había mencionado nada antes”, lamentó.

El experto concluyó resumiendo que, “si alguien decide delinquir, es a menudo difícil de detectar", subrayando que, en general, la mayoría de esos actos terminan sin penalización.

En su testimonio, Vázquez también abordó la autorización concedida a Blue Solving para llevar a cabo una investigación que incluía la extracción de 60.000 toneladas de carbón en un período de 18 meses, con el objetivo de evaluar su viabilidad para producir briquetas de grafito.

El actuario explicó que esta petición se respaldó con el apoyo del Instituto de Transición Justa (ITJ), que ofreció ayudas para el proyecto, además de un informe del Instituto del Carbón que indicaba que los recursos de Cerredo eran prometedores para ser utilizados como carbón grafitable y siderúrgico.

Sin embargo, Vázquez recordó que, aunque la norma estatal prohíbe en general la extracción de carbón, esta chocaba con la legislación de la UE que, en 2024, consideró el grafito y el carbón de coque como recursos estratégicos, lo que autoriza su producción en todos los estados miembros.

Aclaró que Blue Solving contaba con el permiso específico para extraer carbón solo en el marco del proyecto de investigación complementaria en el primer piso, donde un total de 60.000 toneladas era solo una muestra comparativa de un consumo que, en el contexto de la industria siderúrgica, apenas representaría el 1% del uso anual. "Es un muestreo a gran escala para determinar su utilidad", añadió.

Respecto a la denuncia presentada por Promining, referida a síntomas de mareos reportados por los trabajadores quince días antes del accidente, Vázquez indicó que esta información le llegó posteriormente. No obstante, enfatizó que aún no ha podido investigar este aspecto de manera efectiva, dado que la investigación judicial sigue en curso.

En relación a la extracción ilegal de carbón y el accidente, comentó que, a pesar de que esconder 30.000 toneladas de carbón puede ser complicado, en la zona donde ocurrió la explosión no había indicios de esas cantidades. “Lo relevante no es el carbón en sí, sino las actividades clandestinas que pudieron desarrollarse”, concluyó.