OVIEDO, 1 de octubre – La reciente propuesta del Gobierno del Principado de Asturias, que plantea la eliminación de las matrículas universitarias para todos los cursos, ha generado un debate amplio entre los distintos grupos parlamentarios. Si bien muchos valoran la intención de hacer la educación superior más accesible, hay un consenso en que dicha medida debería estar sujeta a criterios de rendimiento académico para evitar que se convierta en un beneficio sin condiciones.

Beatriz Polledo, diputada del PP en Asturias, ha expresado su preocupación sobre la falta de especificidad en el planteamiento del Gobierno. Según ella, existe una confusión evidente entre los conceptos de becas y gratuidad general. En su opinión, el primer objetivo debe ser siempre asegurar la calidad del sistema educativo, priorizando oportunidades para aquellos estudiantes que demuestran un rendimiento académico destacado. “Es fundamental encontrar una fórmula que reconozca las diferencias económicas y de rendimiento”, afirmó durante una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de este miércoles.

Además, Polledo cuestionó la estrategia comunicativa del Ejecutivo regional, asegurando que su narrativa busca dividir a la población al insinuar que aquellos que tienen recursos se oponen a la gratuidad de la educación pública. “Estamos enfrentándonos a otra maniobra de polarización que ya hemos visto en ocasiones anteriores”, advirtió la diputada.

Desde la bancada de Vox, la reacción ha sido de escepticismo. La portavoz Carolina López ha sostenido que lo crucial es facilitar el acceso a la universidad para quienes tengan un historial académico adecuado. López enfatizó que la solución no radica en enfrentar las instituciones educativas públicas y privadas, sino en elevar la calidad de la educación en todos sus niveles.

Adrián Pumares, representante del Grupo Mixto y portavoz de Foro Asturias, añadió que, si una persona no puede asumir el coste de la matrícula, debe ser la Administración quien lo cubra, ya sea mediante una gratuidad directa o mediante un robusto sistema de becas, opción que considera más viable. “No estoy dispuesto a apoyar que aquellos con altos ingresos estudien sin costo alguno”, concluyó.

Xabel Vegas, diputado de Convocatoria por Asturias, también hizo hincapié en la necesidad de implementar un sistema de gratuidad que contemple límites de renta. “Abogaremos por un modelo en el que la gratuidad exista, pero aseguremos que no beneficie a las familias de mayores recursos”, comentó. Criticó la propuesta del Gobierno por no incorporar exigencias económicas, resaltando la necesidad de garantizar justicia en el acceso a la educación superior.

Por su parte, Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, manifestó su sorpresa ante la disparidad en las estimaciones de costes relacionados con las matrículas universitarias según el Gobierno y la Universidad de Oviedo. “Es desconcertante que el Gobierno presente cifras que no reflejan la realidad económica del proyecto”, afirmó, destacando que mientras el Gobierno calcula que la medida costará 7 millones de euros, la Universidad estima que serán 13 millones, lo que plantea dudas sobre la rigurosidad de dichos números.

Asimismo, Tomé insistió en que la gratuidad debería extenderse a los másteres, argumentando que esto permitiría potenciar la función de la educación pública como un verdadero ascensor social en Asturias. Finalmente, subrayó que es razonable que la financiación pública tenga un retorno y que la gratuidad de la universidad sea vista como un esfuerzo colectivo, financiado por los impuestos de todos los asturianos.