OVIEDO, 17 de noviembre.

El sindicato ANPE Asturias ha elevado una solicitud formal al Gobierno del Principado para que se reinicien las aportaciones al plan de pensiones de los empleados públicos, las cuales fueron suspendidas en 2012. Según la organización, esta suspensión va en contra de los principios de la nueva legislación sobre previsión social.

La propuesta se presentó durante una reunión que tuvo lugar el lunes en la Comisión de Control del Plan de Pensiones del Principado, donde ANPE desglosó la necesidad de reenfocar el enfoque hacia este tema.

Desde ANPE se argumenta que la normativa vigente, instaurada por la Ley 22/2021 de Presupuestos Generales del Estado para 2022, está orientada a fomentar la participación de las empresas en sistemas de previsión, que en este caso se refiere a la Administración pública.

La misma ley, que limitó las aportaciones individuales deducibles a 1.500 euros anuales, busca aumentar el límite total de las contribuciones a 10.000 euros anuales, siempre que la Administración realice aportaciones. Esto contrasta notablemente con los 8.000 euros permitidos en 2020.

César González, responsable de Finanzas de ANPE Asturias, ha manifestado que “el Gobierno asturiano no ha realizado aportaciones desde 2012, desestimando las numerosas solicitudes de los representantes de los trabajadores. Esta falta de acción no solo disminuye los incentivos fiscales para los empleados, sino que ignora el propósito de la legislación reciente”.

El sindicato también ha apuntado a una “incongruencia” interna en la Administración, ya que mientras la Junta General del Principado sí aporta a los planes de pensiones de sus funcionarios, el resto de los empleados públicos queda excluido de este beneficio.

Además, ANPE ha destacado la efectividad del Plan de Pensiones, que ha mostrado una rentabilidad del 6,45% desde principios de año, impulsada por el notable crecimiento de la Renta Variable a lo largo de 2025, en la que la cartera tiene una exposición del 30%.

Con este contexto, ANPE demanda un tratamiento equitativo y la reactivación de las contribuciones por parte de la Administración, para que todos los empleados públicos del Principado puedan aprovechar las ventajas fiscales y la rentabilidad del sistema.

Finalmente, el sindicato denuncia lo que consideran una “flagrante discriminación” por parte del Principado, que establece diferencias injustificadas entre los trabajadores públicos, quienes no reciben aportaciones, y los funcionarios de la Junta General, que sí están beneficiados.