La polémica en torno a la gestión de la población de lobos en Asturias se intensifica, ya que el Gobierno regional, liderado por el consejero Marcelino Marcos, sigue sin proporcionar cifras concretas sobre los animales abatidos en el marco de las cacerías autorizadas. El Partido Popular (PP) ha reaccionado de forma enérgica al anunciar su intención de llevar este asunto a los tribunales.

Según ha declarado la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado, se llevarán a cabo 174 cacerías programadas desde el 11 de octubre hasta el 31 de diciembre. Estas acciones, justificadas como parte de un programa destinado a minimizar el impacto del lobo en la ganadería, están siendo objeto de intenso debate entre distintos sectores de la sociedad.

En su intervención en la Junta General, el consejero Marcos defendió su posición, afirmando que la conversación sobre el lobo es crucial para la economía rural y la supervivencia de muchas familias en los pueblos asturianos. "No se trata de una decisión arbitraria, sino de una respuesta necesaria a la amenaza que representa esta especie para nuestro modelo ganadero", sostuvo.

Marcos, además, mencionó que la reciente modificación de la Ley 1/2025 y la exclusión del lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial permite a las comunidades gestionar esta especie de acuerdo a las necesidades locales. Sin embargo, sus promesas de un manejo "sostenible y equilibrado" han sido recibidas con escepticismo por parte de la oposición, que exige más transparencia en las decisiones del Gobierno.

En medio de esta controversia, el consejero no ha proporcionado información sobre el número de lobos abatidos hasta la fecha, lo que ha desencadenado críticas y acusaciones de opacidad. Aseguró que presentará un balance completo en marzo de 2026, lo que ha dejado insatisfechos a varios grupos parlamentarios.

El diputado del PP, Luis Venta, se ha mostrado muy crítico con la situación, acusando al Ejecutivo de actuar como una "farsa política" y desestimando la falta de información como una burla hacia los ganaderos afectados. Ha alertado sobre ataques recientes de lobos en localidades como Salas y Tineo, y ha instado a la movilización social para defender los derechos de los ganaderos que, según él, están siendo atropellados por la política del Gobierno.

Por su parte, el diputado de Vox, Javier Jové, ha desafiado al consejero a presentar pruebas de los lobos abatidos, insinuando que hasta el momento no se ha cazado ningún ejemplar. Su desaprobación hacia la propuesta de permitir que guardias de cotos participen en las cacerías subraya una creciente división sobre cómo abordar la gestión de esta especie en peligro de extinción.

Asimismo, Jové ha expresado su intención de solicitar formalmente información al Gobierno sobre la gestión de los lobos, evidenciando una exigencia colectiva por mayor claridad y responsabilidad en las políticas de conservación y control de esta especie. La tensión entre la defensa de la ganadería y la protección del lobo sigue marcando la agenda política asturiana, en un conflicto que parece lejos de resolverse.