OVIEDO, 11 de diciembre.

El Gobierno del Principado de Asturias considera que la Conferencia de Presidentes que tendrá lugar este viernes en Santander debe responder a las expectativas y exigencias del momento actual, apuntando a la necesidad de alcanzar "acuerdos amplios" que eclipsen las "trincheras partidistas" que suelen caracterizar la política española.

Fuentes del Ejecutivo regional han expresado a Europa Press que la situación de emergencia provocada por la dana en las zonas del Levante español, que aún se encuentra en proceso de recuperación, confiere un "plus de responsabilidad" a todas las instituciones del Estado, instándolas a actuar con la máxima celeridad y compromiso.

Gimena Llamedo, vicepresidenta del Gobierno asturiano, ha subrayado en una reciente rueda de prensa que su administración aprovechará la Conferencia como una oportunidad para llevar a cabo "política útil", siempre priorizando la defensa de los intereses de Asturias.

El presidente del Principado, el socialista Adrián Barbón, asistirá al encuentro junto al consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno regional, Guillermo Peláez. Este evento será una plataforma clave para expresar las necesidades y demandas de la comunidad autónoma.

Desde el Gobierno de Asturias, se ha reiterado que sus posturas en materia de financiación autonómica son bien conocidas y han sido comunicadas en varias ocasiones al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Esta posición se fundamenta en un acuerdo sobre financiación logrado entre todos los grupos parlamentarios de la Junta General, a excepción de Vox.

El Principado reconoce la infrafinanciación que afecta a todas las comunidades autónomas y reclama un aumento en los recursos destinados a garantizar la equidad en la oferta de servicios públicos, sin depender del lugar de residencia. Además, defiende un modelo de multilateralidad en la gestión de estos recursos.

En relación a la vivienda, el Gobierno asturiano considera este tema como una "prioridad absoluta". El Ejecutivo de Adrián Barbón apoya tanto la Ley de Vivienda como las iniciativas presentadas por el presidente Sánchez, que incluyen la creación de una empresa pública dedicada a este propósito.

En coherencia con esta política, el presupuesto del Principado para 2025 destina más del 59% de sus fondos, elevando la inversión a 143,6 millones de euros. Este año, ya se han comenzado las obras de 600 nuevas viviendas públicas y se ha planeado rehabilitar otras 180, mientras que el próximo año se impulsarán 400 más. Además, se ampliarán las deducciones fiscales que facilitan el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes menores de 36 años, y se trabaja en declarar como zonas tensionadas a barrios como La Arena y Cimadevilla en Gijón.

Una de las iniciativas más innovadoras que se presentará es el programa 'Alquilámoste', que tiene como objetivo poner en circulación viviendas vacías a precios accesibles y ofrecer garantías a los propietarios.

En cuanto a la gestión migratoria, el Gobierno de Asturias aboga por una respuesta "solidaria, compartida y proporcional" que involucre a todas las administraciones. En este sentido, el Principado se compromete a continuar colaborando en los diversos programas de acogida, principalmente enfocados en jóvenes, dentro de sus posibilidades.

Respecto a la escasez de profesionales en el ámbito sanitario, desde Asturias han lanzado varias iniciativas para abordar esta problemática, cuya raíz se encuentra en la política de recortes implementada por el PP durante su tiempo en el gobierno. Es de resaltar que fue una ministra asturiana, María Luisa Carcedo, quien logró revertir esa situación y facilitar el aumento de plazas MIR.

Para el Gobierno asturiano, es fundamental reforzar la coordinación a nivel nacional para aplicar criterios homogéneos en la selección de profesionales extranjeros y potenciar la especialidad de medicina familiar.

Finalmente, el Principado está dispuesto a utilizar la Conferencia de Presidentes como un foro para proponer un Pacto de Estado que aborde la siniestralidad laboral. De hecho, el Gobierno autonómico ha establecido un plan de choque en colaboración con sindicatos y la patronal, respaldado por la Inspección de Trabajo y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.