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Asturias 30 de Marzo de 2026 · 10:52h 2 min de lectura

Asturias destaca con una tasa de litigiosidad que supera la media nacional.

OVIEDO, 30 de marzo. En el reciente informe anual del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se ha revelado que Asturias presenta una significativa tasa de litigiosidad de 162,42 casos por cada mil habitantes durante el año 2025. Esta cifra destaca al Principado por encima de la media nacional, que se sitúa en 153,70 asuntos por cada mil ciudadanos.

El informe, que se ha hecho público hoy, refleja el estado actual de los órganos de justicia en España y proporciona un panorama detallado sobre la actividad judicial en diversas comunidades autónomas.

A nivel nacional, el número de casos ingresados en los tribunales ha experimentado un descenso del 3,2% en comparación al año anterior, resultando en un total de 7.550.806 nuevos procedimientos judiciales durante 2025. A pesar de esta baja, Asturias se destaca como una de las comunidades con mayor actividad judicial por habitante, aunque todavía detrás de regiones como Canarias y Madrid, que lideran con tasas de 202,06 y 166,46, respectivamente.

En cuanto a la eficacia de respuesta de los tribunales en toda España, el informe destaca un aumento del 2% en la cantidad de casos resueltos, alcanzando un total de 7.437.033 resoluciones efectivas. Sin embargo, en contraposición a este avance, la carga de trabajo acumulada ha crecido un 3,4%, llevando el total de expedientes en trámite a 4.673.596 al finalizar el año el 31 de diciembre.

Por áreas de jurisdicción, el ámbito Penal ha mostrado un aumento en la entrada de nuevos casos, con un incremento del 1,4%, lo que representa un total de 3.550.118 procedimientos. En contraste, la jurisdicción Civil ha sufrido una disminución del 7,7%, mientras que las jurisdicciones Contencioso-Administrativa y Social registraron caídas del 4,2% y 2,8%, respectivamente.

Para elaborar estas estadísticas sobre litigiosidad en cada territorio, el CGPJ ha utilizado los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el 1 de enero de 2025, asegurando una base sólida en la que se sustentan estas cifras reveladoras del sistema judicial español.

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