El Gobierno de Asturias ha tomado una decisión clave este viernes en Consejo de Gobierno, autorizando un gasto de 12.164.990 euros por parte del Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) con el objetivo de impulsar la movilidad sostenible en todo el territorio. Esta inversión es fundamental para avanzar hacia la consolidación de la movilidad como un derecho ciudadano y una herramienta para promover la cohesión y equidad social.

Esta partida se enmarca en el presupuesto global de 39 millones destinado al CTA por el Principado, con el propósito de mejorar el acceso a los servicios de movilidad pública y potenciar tanto la oferta regular como el transporte escolar compartido, contando actualmente con un total de 941 rutas en funcionamiento.

Un aspecto destacado de la estrategia de movilidad sostenible del Gobierno asturiano es la tarjeta 'Conecta', que ofrece viajes ilimitados en todos los medios de transporte público por un máximo de 30 euros al mes. Esta iniciativa ha tenido una gran acogida entre la población y se ha convertido en un referente a nivel nacional, con más de 244.000 tarjetas emitidas hasta la fecha.

En línea con estas políticas, se han implementado nuevas rutas para conectar poblaciones pequeñas con capitales de concejos, cabeceras de comarcas y servicios de alta velocidad ferroviaria. Durante el verano, se establecieron autobuses lanzadera para facilitar el acceso responsable a reservas de la biosfera y playas, reduciendo así el impacto ambiental del turismo.

El Principado está trabajando en la ampliación de servicios de 'Conecta', como la inclusión de la cercanías ferroviarias gratuitas y la posibilidad de pago del transporte rural a demanda con la tarjeta. Además, se está desarrollando una aplicación para reservar taxis en toda la región.

Por otro lado, el Gobierno ha aprobado el decreto que regula el Observatorio y Consejo Social para el Reto Demográfico, un nuevo órgano creado en la Ley de Impulso Demográfico. Este organismo será fundamental para asesorar y evaluar las políticas de revitalización demográfica, proponer planes demográficos, seguir políticas públicas, definir indicadores específicos y fomentar el diálogo entre diferentes actores clave.

El Observatorio estará integrado por representantes del Gobierno de Asturias, empresas, ámbito académico, movimientos sociales y la Federación Asturiana de Concejos, entre otros, con especial atención a los colectivos rurales. La designación de sus miembros se realizará en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del decreto, marcando así un nuevo camino hacia la revitalización demográfica en la región.