OVIEDO, 24 de noviembre.

En un importante desarrollo político, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias ha tomado la decisión de iniciar una acción de nulidad contra la Administración General del Estado. El objetivo es que se declare la nulidad del real decreto que extendió la concesión de la autopista AP-66 (León-Campomanes) hasta el año 2050, lo que representa una ampliación de 29 años respecto a lo inicialmente estipulado.

El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha sido designado como el representante del Principado para liderar esta importante iniciativa que busca defender los intereses de la comunidad autónoma.

Durante una conferencia de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo asturiano, Calvo aseguró que esta acción forma parte de un plan más amplio acordado junto a la Alianza por las Infraestructuras, con el fin de eliminar el peaje de la autopista. Esta decisión subraya el compromiso del Gobierno de Asturias con la movilidad sostenible y el bienestar de la población.

Calvo enfatizó que la solidez de esta acción se basa en un extenso informe elaborado por la secretaría técnica de su consejería, así como por los servicios jurídicos del Principado, que ha recibido el respaldo del Consejo Consultivo. Este respaldo resalta la seriedad del estudio que explica las bases de la nulidad.

Los estudios revelan que la prórroga concedida en el año 2000 bajo un gobierno del Partido Popular, a través del Real Decreto 382/2000, incurrió en irregularidades que justifican su nulidad. Se argumenta que esta prórroga alteró significativamente el equilibrio económico y la estructura del contrato original firmado en 1975, creando lo que se califica como una "nueva concesión encubierta" que no se sometió a licitación pública, además de infringir normativas europeas sobre contratación.

Además, el informe destaca que este decreto fue aprobado sin seguir el procedimiento legal requerido, otorgando beneficios económicos indebidos al concesionario y causando un daño continuo al interés general de Asturias.

El Consejo Consultivo ha avalado los argumentos del Principado, identificando vicios sustanciales en el proceso y sugiriendo que la acción de nulidad que ahora se emprende es la vía correcta para restaurar la legalidad. Este acto administrativo es un paso previo necesario para, si es necesario, llevar el caso a instancias judiciales.

Calvo subrayó que el Gobierno central debería haber tomado medidas al respecto, especialmente considerando el dictamen de la Comisión Europea que respalda esta revisión. La urgencia de esta situación requiere acción por parte de las autoridades competentes.

Con todo el sustento técnico y legal ya enviado a la Dirección General de Mercado Interior (DG GROW), el Gobierno del Principado espera que su argumentación, que incluye estudios económicos y documentos históricos, sea tomada en cuenta para revertir la situación. Además, se ha tenido en cuenta la aportación de la diputada Covadonga Tomé, cuya labor ha sido clave para fortalecer la posición del Principado, a la que se le ha agradecido públicamente.

Finalmente, el Principado resalta que esta acción de nulidad es fundamental para eliminar el peaje de la AP-66 y corregir una situación que ha afectado a la economía local, la competitividad regional y a miles de ciudadanos durante más de 20 años.