OVIEDO, 27 de octubre.

En un acto significativo de defensa de los intereses asturianos, el Gobierno del Principado de Asturias ha decidido interpelar al Gobierno de España para que se reconsidere la prórroga de la concesión de la autopista AP-66, más conocida como el peaje del Huerna, que fue extendida hasta el año 2050 mediante el Real Decreto 302/2000.

Esta demanda se inscribe dentro de un conjunto de acciones formuladas en el manifiesto de la Alianza por las Infraestructuras del Estado, reflejando una firme respuesta a la reciente sentencia de la Comisión Europea que declaró ilegales las prórrogas correspondientes a las autopistas AP-9 y AP-66, alineándose con el derecho comunitario.

La revisión de oficio, mecanismo que permite a las administraciones reexaminar y potencialmente anular decisiones que carecen de legalidad, es el primer paso necesario antes de poder interponer recursos judiciales. Este enfoque asegura que las decisiones administrativas no solo sean legítimas desde el punto de vista legal, sino que también preserven el interés público en todo momento.

El Principado ha completado un exhaustivo análisis legal que sustenta esta solicitud, elaborado por sus expertos técnicos y que será enviado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su tratamiento oficial. "Con esta acción, Asturias se posiciona firmemente en defensa de sus derechos. La revisión de la prórroga del Huerna es un paso crucial hacia el cumplimiento del Manifiesto de la Alianza, aplicando de manera rigurosa el dictamen europeo", declaró Alejandro Calvo, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

Durante una reunión reciente con los miembros de la Alianza por las Infraestructuras, Calvo compartió los avances del Gobierno en varias áreas de interés. Detalló el esfuerzo técnico y legal que se está desplegando para abordar las acciones administrativas y judiciales previstas a corto y medio plazo.

El Gobierno asturiano también ha iniciado diálogos con las comunidades limítrofes de Galicia y Castilla y León, solicitando al ministerio la información completa relacionada con el procedimiento de infracción activo ante la Comisión Europea.

Asimismo, se mantienen líneas de comunicación abiertas con los expertos de la Comisión Europea que redactaron el dictamen, facilitando así que Asturias aporte documentación relevante a este procedimiento.

Los resultados del análisis del Principado indican que el Real Decreto 302/2000, que modificó las condiciones económicas de la concesión de la AP-66 y amplió su duración, incurre en nulidad absoluta al no seguir el procedimiento de adjudicación establecido por ley.

El estudio revela que las modificaciones sustanciales realizadas alteraron el equilibrio económico y la duración del contrato, constituyendo en efecto una nueva concesión sin la debida licitación pública. Según el derecho europeo, tales acciones contravienen principios fundamentales como la transparencia y la igualdad, lo que lleva a considerar este acto administrativo como nulo conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo común.

Además, el Ejecutivo asturiano argumenta que la prórroga afecta negativamente al interés general de la comunidad, ya que la prolongación del peaje hasta 2050 representa un obstáculo económico que incide en la movilidad, la competitividad empresarial y la cohesión territorial. La jurisprudencia refuerza, por otro lado, la capacidad del Principado para desafiar decisiones estatales que perjudiquen a sus habitantes.

“La prórroga del Huerna es una decisión legalmente cuestionable y un perjuicio económico para Asturias. Es nuestra responsabilidad restaurar la legalidad y asegurar que nuestro territorio cuente con condiciones de movilidad equitativas en comparación con el resto del país”, subrayó Alejandro Calvo.