OVIEDO, 12 de noviembre. El Principado de Asturias se encuentra actualmente en una etapa activa de exploración mineral, con un total de 25 permisos de investigación en curso relacionados con distintos yacimientos. De estos, 16 están concebidos para evaluar la viabilidad económica de la explotación de recursos metálicos, lo que refleja un interés renovado en la minería en la región.

Además, hay ocho permisos enfocados en la búsqueda de rocas y minerales industriales, mientras que un permiso está vinculado a la investigación de hulla, o carbón. Por otra parte, existen otras 18 solicitudes de permisos de investigación que se encuentran en proceso de tramitación, lo que indica una creciente actividad en el sector.

Estos datos fueron proporcionados por la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado, Nieves Roqueñí, durante el pleno de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), en respuesta a una pregunta formulada por Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto.

La consejera enfatizó la rigurosidad de los procedimientos de otorgamiento de permisos, asegurando que son "garantistas" y buscan fomentar una minería sostenible que tenga en cuenta el bienestar social, económico y medioambiental. Esta declaración resalta la intención del gobierno de equilibrar el desarrollo industrial con la protección del entorno.

Roqueñí explicó que Asturias tiene una rica diversidad de metales en su subsuelo. El interés por minerales como cobalto, cobre y níquel ha aumentado notablemente, especialmente dado su papel crucial en la provisión de materias primas para tecnologías renovables, baterías y procesos de digitalización, aspectos cada vez más relevantes en la sostenibilidad económica del futuro.

Durante el debate, Pumares centró su intervención en el permiso de investigación para montes de Peñamayor, donde se contempla la búsqueda de minerales en áreas como Laviana, Piloña, Nava y Bimenes. El diputado expresó sus preocupaciones sobre la falta de experiencia de la empresa encargada del proyecto, argumentando que su objetivo principal sería "vender" los resultados de la investigación. De esta forma, acusó al Gobierno asturiano de estar "patrocinando la especulación".

En respuesta a estas afirmaciones, Roqueñí aclaró que la mera existencia de un permiso de investigación no garantiza que se lleve a cabo una explotación. "A pesar de que la solicitud y obtención de permisos de investigación es un proceso relativamente común, el avance a la fase de concesión es poco frecuente", subrayó la consejera, reafirmando el compromiso del gobierno con un enfoque cauteloso y responsable.

Asimismo, Roqueñí argumentó que, dependiendo de cómo avance la investigación minera, podría generarse un estudio de viabilidad del proyecto, aunque esto no implica que se apruebe un proyecto de explotación. Este discurso pone de relieve el enfoque proactivo del gobierno en la exploración de recursos, a la vez que se busca salvaguardar los intereses medioambientales y comunitarios de Asturias.