OVIEDO, 16 de octubre. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias del Principado de Asturias, Alejandro Calvo, ha hecho un llamado al Gobierno español para que tome medidas respecto al polémico Peaje del Huerna, destacando que la extensión de la concesión que se aprobó en el año 2000 bajo el mandato del Partido Popular se encuentra en una posición de "ilegalidad según las normativas europeas".

Calvo ha recordado que esta postura ya ha sido expresada por la Comisión Europea y ha enfatizado que la reacción del Gobierno asturiano es un acto de responsabilidad, subrayando que no se trata de un capricho político sino de una obligación legal. "No se cuestiona cuánto costaría su rescate, sino que es esencial corregir una situación fundamentalmente ilegal", ha declarado.

El consejero ha apuntado que, aunque el Estado no tuvo responsabilidad en la prórroga mencionada, "tiene la capacidad de eliminar el peaje de manera inmediata, lo cual enviaría un mensaje claro a los asturianos sobre la importancia de actuar conforme a la legalidad y respetar los intereses de nuestra comunidad".

Calvo ha reiterado que el foco del debate no debe ser el rescate del peaje, sino la anulación de la prórroga, un matiz que considera "esencial para comprender la postura de la Comisión Europea y la reacción del Gobierno central".

Además, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía asturiana, instándola a manifestarse de manera cívica y expresiva, porque, como afirmó, "son los asturianos quienes deben decidir las prioridades de su tierra".

El consejero ha señalado que "el peaje del Huerna es un obstáculo que debemos superar, similar a lo que logramos con la aprobación de la variante de Pajares", enfatizando que "no estamos hablando de aceptar pagos por infraestructuras ilegales, sino de actuar de acuerdo a las leyes europeas vigentes".

Calvo también ha marcado una distinción entre este tema y el debate nacional sobre el sistema de pago por uso en las autovías, indicándolo como un asunto diferente. "Si se abre ese debate, que lo hagan, pero desde luego nosotros no consideramos que el pago por uso sea la solución. Es fundamental que la financiación de los servicios públicos se sostenga sobre una fiscalidad equitativa", subrayó.

Finalmente, el consejero remarcó que "nosotros defendemos que las regiones periféricas no deben cargar con los mismos costes que aquellas que cuentan con infraestructuras de mayor envergadura", llevando así la conversación hacia una justificación más amplia sobre la distribución equitativa de recursos entre diferentes regiones.