OVIEDO, 17 de octubre.

En una reciente entrevista concedida a RPA, el consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo, ha realizado fuertes críticas a las declaraciones del ministro de Transportes, Óscar Puente. Calvo argumenta que muchas de las afirmaciones realizadas por Puente son "imprecisas o totalmente erróneas", y ha dejado claro que el gobierno actual no tiene la culpa de la prórroga del peaje del Huerna, una decisión tomada por la administración de José María Aznar. Aseguró, sin embargo, que sí es su responsabilidad actuar enérgicamente para eliminarla.

"La decisión no corresponde solo al ministro Puente, sino que es un asunto que debe abordar el conjunto del gobierno, particularmente el presidente. Él puede optar por bonificar el 100% del peaje, y eso enviaría un mensaje inequívoco acerca de nuestras intenciones", argumentó Calvo.

Para el consejero, el foco no debería estar en el rescate, sino en la anulación de la prórroga, que, según resaltó, fue dictaminada como ilegal debido a que no se llevó a cabo con la debida publicidad o competencia, infringiendo así las normas de contratación pública establecidas por la Unión Europea.

Calvo subrayó que, mientras se tramita el caso ante las cortes europeas, el Gobierno podría implementar una bonificación total del peaje, lo que implicaría un coste de 48,5 millones de euros al año, una cifra considerablemente inferior a la que iría asociada a un rescate. “Es una medida que puede ser adoptada de manera inmediata y que beneficiaría a la ciudadanía sin dudas", añadió.

El consejero reafirmó que la eliminación del peaje de la AP-66 es una "prioridad máxima" para el Gobierno de Asturias. Además, sostuvo que la nulidad de dicho peaje se logrará en instancias judiciales mediante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), fundamentándose en el reciente dictamen de la Comisión Europea que califica de ilegal la extensión de la concesión.

Calvo también mencionó que la AP-66 y la AP-9 en Galicia son las únicas autopistas que se ven involucradas bajo el pronunciamiento de la UE. Por ello, hizo un llamado al Gobierno de España para que asuma su rol, apueste por un diálogo constructivo con Bruselas y busque una solución antes de que la cuestión acabe en el TJUE.

“El dictamen de la Comisión es claro. Por primera vez, hay un respaldo hacia una comunidad como Asturias que ha sido históricamente postergada. No podemos menospreciar esta oportunidad”, concluyó Calvo, quien abogó por una actuación conjunta del Gobierno del Principado con diversos sectores, incluidos sindicatos y empresarios, dentro de la Alianza por las Infraestructuras.