24h Asturias.

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CCOO aboga por la defensa de la universidad pública ante la expansión de centros privados en Asturias.

CCOO aboga por la defensa de la universidad pública ante la expansión de centros privados en Asturias.

OVIEDO, 14 de diciembre. La secretaria general de CCOO en la Universidad de Oviedo, Ángeles Fal, ha alzado la voz este domingo en defensa de la educación superior pública, cuestionando la introducción de universidades privadas en la región.

En un comunicado, Fal advirtió que el surgimiento de estas instituciones privadas podría agravar problemas sociales existentes, provocando desigualdad, un aumento en los precios de la vivienda y la acumulación de deudas familiares en lugar de aportar auténticos avances pedagógicos.

La sindicalista sostiene que los beneficios económicos que generen estas universidades en Asturias no se reinvertirán en la comunidad, sino que irán a parar a los bolsillos de fondos de inversión. Según ella, "el acceso a estos centros educativos exige inversiones que la mayoría de la población simplemente no puede afrontar".

Para ilustrar esta desigualdad, Fal comparó los costos de matrícula: mientras que estudiar en la universidad pública puede costar alrededor de 1.000 euros anuales, o incluso ser gratuito en el futuro, las matrículas en universidades privadas podrían ser diez veces más altas, un gasto insostenible para muchas familias.

La líder sindical también hizo hincapié en el impacto que esta situación podría tener en el mercado de la vivienda. A modo de ejemplo, mencionó la situación en Segovia y resaltó que en Asturias, el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un desafío urgente. En una década, los precios de la vivienda nueva en la región se han disparado un 77%, y las viviendas de segunda mano han aumentado un 55%, según datos del Instituto Nacional de Estadística.

Particularmente en Oviedo, donde se proyecta la instalación de una universidad privada en la zona del Palacio de Congresos, los precios de alquiler han subido un alarmante 10,3% en el último año, llegando a un récord de 10,4 euros por metro cuadrado. Fal calificó esta situación de "auténtica barbaridad" y subrayó que esto podría dificultar aún más el acceso a un derecho fundamental como es la vivienda.