OVIEDO, 23 de octubre.

La reciente comparecencia de Luis Javier Vázquez, integrante de la Comisión de Seguridad Minera de Asturias, ha lanzado una dura crítica hacia la empresa Blue Solving, responsable de la mina de Cerredo, donde en marzo pasado cinco mineros perdieron la vida. Vázquez destacó que la tragedia no solo fue producto de fallas legales y éticas de la compañía, sino también de una alarmante falta de supervisión por parte de las autoridades mineras.

En su intervención ante el Parlamento asturiano, el veterano sindicalista y representante de CCOO señaló que el accidente del 31 de marzo, que dejó a cinco trabajadores leoneses muertos y a otros cuatro heridos, no fue un caso aislado, ya que en 2022 se registró un episodio similar con un trabajador fallecido y otro herido en circunstancias igualmente lamentables, donde la extracción de carbón se realizaba sin la debida autorización.

Vázquez resaltó que la empresa Combail, que precedió a Blue Solving, ya había tenido problemas similares, lo que lo lleva a cuestionar cómo se permitió que la nueva gestión continuara operando bajo las mismas condiciones. Según sus declaraciones, Blue Solving comenzó a extraer carbón sin contar con los permisos necesarios, aumentando así el riesgo y despreciando las normas establecidas.

El sindicalista enfatizó la necesidad de una vigilancia más rigurosa para asegurar el cumplimiento de la normativa minera existente, que considera suficientemente robusta para prevenir desgracias. Vázquez recordó que a raíz del accidente se suspendió una explotación en Cangas del Narcea, lo que subraya la urgencia de abordar y mitigar los riesgos laborales en el sector.

«En 2022, la extracción de carbón se realizaba de forma clandestina. Es incomprensible que, tras tales incidentes, se aprobara la explotación de Cerredo a la misma empresa que había demostrado una clara falta de responsabilidad», manifestó Vázquez, denunciando la falta de rigor en la supervisión de las operaciones mineras.

Blue Solving poseía un permiso de investigación para un proyecto relacionado con el grafito, pero se le autorizó a extraer una cantidad desproporcionada de carbón. Vázquez argumentó que los volúmenes requeridos para un estudio de investigación no justifican tal escala de producción, sugiriendo que los intereses comerciales estaban por encima de la seguridad laboral.

Respecto a las dificultades mencionadas por otros sobre la detección de actividades ilegales, aseguró que los inspectores mineros cuentan con la formación adecuada y que no se necesitan numerosas inspecciones, sino que deben ser exhaustivas. Adicionalmente, apuntó que un inspector capacitado no debería ser engañado por el empresario.

Vázquez detalló que los indicios de actividades ilegales eran evidentes. Recordó que el día de la tragedia, aunque fue limitado en su acceso al lugar del accidente, pudo deducir la presencia de explotación a partir de la observación del material utilizado en el exterior. «Las señales estaban allí; el cumplimiento normativo debe ser una prioridad», subrayó con firmeza.

Apuntó también que la responsabilidad de supervisar estos procesos recae en la Dirección Regional de Minería y la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo de Asturias, entidades encargadas de aprobar proyectos de extracción y de garantizar su conformidad con la ley.

Vázquez no escatimó en revelar antecedentes preocupantes de los dueños de Blue Solving, quienes tienen un historial significativo de problemas legales, incluyendo la incautación de uno de ellos por tráfico de drogas. Afirmó que la empresa engañó a las autoridades al solicitar un permiso de investigación que no se ceñía a la realidad de sus actividades.

El sindicalista también lamentó no solo la pérdida de vidas, sino la falta de respeto por parte de la empresa hacia los trabajadores, mencionando que algunos de los sobrevivientes aún no han recibido sus salarios correspondientes a los meses de junio y julio. «¿Cómo es posible que esto ocurra? Es completamente inaceptable», expresó indignado.

El accidente en la mina de Cerredo, que tuvo lugar el 31 de marzo de 2025, dejó una marca dolorosa en el concejo de Degaña. Una explosión de gas grisú resultó en la muerte de cinco trabajadores y heridas a otros cuatro, un trágico recordatorio de la importancia de un entorno laboral seguro y regulado. A pesar de contar con una licencia para un proyecto de investigación sobre el carbón, la actividad en la mina estaba completamente fuera de la ley.