OVIEDO, 14 de octubre. La diputada Covadonga Tomé, que forma parte del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, ha expresado su fuerte desaprobación tras la reciente aprobación por parte del Gobierno autonómico de los decretos que permiten la creación de dos centros universitarios privados en la región. Estas instituciones, vinculadas a la Universidad Nebrija en Avilés y a la Universidad Alfonso X El Sabio en Oviedo, han provocado una ola de críticas en defensa de la educación pública.

En sus declaraciones, Tomé enfatizó que la protección y promoción de la Universidad Pública de Asturias debe ser una prioridad indiscutible. Para ella, esta institución representa un bastión de igualdad y justicia social, y su defensa es esencial en tiempos en que se buscan alternativas educativas accesibles para todos.

La diputada subrayó que un gobierno que se considere progresista tiene la obligación de salvaguardar el interés colectivo y promover el bienestar común. De forma específica, planteó la necesidad de avanzar hacia la eliminación de las tasas universitarias y extender la gratuidad a los másteres ofertados, un objetivo crucial para facilitar el acceso a la educación superior.

Tomé también alertó sobre las consecuencias que la introducción de universidades privadas puede tener en las tarifas de la educación pública, sugiriendo que a menudo conducen a un aumento de las mismas. Por tanto, instó a la comunidad asturiana a trabajar hacia la consolidación de la gratuidad en las matrículas universitarias como un deseo compartido de justicia educativa.

Reiteró la importancia de contar con universidades que estén realmente comprometidas con la excelencia académica, la promoción de la investigación y la difusión del conocimiento, rechazando cualquier modelo cuyo propósito primordial sea el lucro financiero.

Finalmente, la diputada Tomé hizo un llamado a la vigilancia activa por parte de su grupo, asegurando que supervisarán el cumplimiento riguroso de las nuevas normativas que regulan la apertura de estos centros privados. Una de sus demandas cruciales es que no se invierta ni un solo euro de fondos públicos en instituciones que buscan fines mercantiles.