En Oviedo, el diputado del Partido Popular (PP) José Agustín Cuervas-Mons ha denunciado el proceso de selección para la dirección del Centro de Innovación Territorial (CIT) del Principado de Asturias, calificándolo de "escándalo monumental". Según su declaración, la contratación de una exconsejera del gobierno autonómico es un claro ejemplo de nepotismo político, añadiendo que se han utilizado los mecanismos de selección para favorecer a un antiguo compañero de partido con un salario exorbitante.

Durante su intervención en la comisión parlamentaria, Cuervas-Mons expresó sus dudas sobre la transparencia y la validez de los criterios utilizados en el proceso de selección. Criticó específicamente que la Consejería de Presidencia, responsable de coordinar el CIT, no tuviera conocimiento de lo que ocurría. También resaltó que el comité encargado de la selección estaba presidido por un alcalde del PSOE, quien contaba con un predominante número de miembros de su partido en el órgano.

El diputado hizo referencia a los cuatro postulantes que se presentaron a la convocatoria. De ellos, tres fueron descalificados por no cumplir con los requisitos establecidos. Aclaró que uno de los aspirantes no poseía la titulación universitaria necesaria, mientras que los otros dos carecían de la experiencia profesional requerida. Cuervas-Mons también mencionó que el plazo para presentar candidaturas fue de solo diez días naturales y que los criterios de selección fueron "nada claros", lo que llevó a que Graciela Blanco fuera la única candidata elegible.

En respuesta a estas acusaciones, la consejera Gimena Llamedo defendió las decisiones del gobierno, asegurando que no hubo directrices ni influencias desde su consejería en el proceso de selección de personal. Explicó que el CIT opera en colaboración estrecha con la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader), y que los criterios para las candidaturas fueron fijados durante una reunión de la junta directiva de esta red.

Llamedo también enfatizó que el Ejecutivo autonómico llevó a cabo el proceso en conformidad con la legislación vigente, garantizando que las gestiones relativas al CIT fueran transparentes y adecuadas a un modelo que abarca una red de 23 centros en toda España.

Por su parte, Belarmino Fernández, presidente de la Reader y alcalde de Somiedo, compareció en la Junta General en respuesta a la solicitud del PP y destacó la importancia de no discriminar a quienes han tenido cargos políticos en su futuro profesional. Fernández afirmó que es fundamental que todos tengan la oportunidad de continuar su carrera en cualquier ámbito, sin prejuicios derivados de su pasado en la política.