OVIEDO, 30 de diciembre. La reciente aprobación de la Ley del Principado de Asturias de Proyectos de Interés Estratégico (PIER) ha generado una fuerte controversia en el contexto medioambiental y urbanístico de la región. Con la publicación del texto definitivo en el BOPA, la Coordinadora Ecologista de Asturias ha expresado una valoración "claramente negativa" sobre la normativa, considerando que esta puede convertirse en un auténtico "coladero ambiental".

El colectivo ecologista sostiene que esta ley representa un grave atentado contra el marco de planificación territorial y urbanística construido en Asturias a lo largo de sus 40 años de autonomía. Este modelo se ha caracterizado por una ordenación cuidadosa y racional de los usos del territorio, sustentada en planes municipales y supramunicipales correlacionados entre sí. Gracias a este enfoque, se ha logrado preservar en gran medida los valores naturales y ambientales de la región, en armonía con el desarrollo económico del suelo.

Los ecologistas afirman que la Ley de PIER socava la coherencia de este sistema normativo, ya que asigna al Consejo de Gobierno la capacidad de autorizar obras y usos que son explícitamente prohibidos en los planes generales de urbanismo de los municipios, desoyendo así la voluntad democráticamente expresada por los Ayuntamientos. Además, se ignoran las restricciones establecidas en los planes territoriales vigentes, que han sido ratificados por el propio Gobierno autonómico, incluyendo directrices sobre comercio, energía eólica, y la gestión de espacios naturales protegidos.

La crítica se extiende aún más, al argumentar que esta ley permite que, a través de un simple acuerdo administrativo que declare un proyecto como PIER, se eluda la regulación aduanera de las normas de planificación existentes. Hasta el momento, esta excepcionalidad era contemplada únicamente en el ámbito del Derecho urbanístico español para grandes obras públicas que justifican su necesidad por razones de interés público o urgencia extraordinaria.

Con la nueva Ley de PIER, esta excepción se aplica a proyectos promovidos por el sector privado, los cuales pueden contraponerse a la planificación urbanística y territorial que ha sido aprobada democráticamente, con la participación activa de la ciudadanía. Los ecologistas advierten que esto abriría la puerta a una preocupante discrecionalidad administrativa y a decisiones que podrían ser influenciadas por poderosos grupos de interés, desatendiendo así las necesidades y derechos de la población asturiana.

En resumen, estos activistas ambientales alertan sobre la posibilidad de un urbanismo "a la carta", donde las intervenciones que deberían estar restringidas por criterios de protección medioambiental, paisajística y preservación de recursos naturales se impongan bajo la influencia de grupos de presión, lamentando una tendencia hacia la desregulación que comprometería el patrimonio natural de Asturias.