OVIEDO, 18 de junio. En una reciente advertencia, la Coordinadora Ecologista de Asturias ha hecho sonar la alarma sobre la propuesta de un nuevo parque eólico, denominado 'Las Américas 12'. Este ambicioso proyecto se ubicaría en los concejos de Villanueva y San Martín de Oscos, un área reconocida como Reserva de la Biosfera, donde la naturaleza goza de una protección especial.

El plan incluye la instalación de diez aerogeneradores, cada uno con una potencia de 5 MW y que alcanzaría una impresionante altura de 200 metros. Además, los aerogeneradores poseen un buje de 125 metros y rotores de 149 metros de diámetro, lo que plantea serias cuestiones sobre su adecuación a un entorno tan delicado.

Desde la Coordinadora, se argumenta que las tierras seleccionadas para este desarrollo están bajo un régimen de protección especial y que la normativa urbanística vigente prohíbe expresamente la construcción de este tipo de infraestructuras en la zona. La energía generada se transportaría mediante una línea aérea de alta tensión de 132.000 voltios que recorrería más de 14 kilómetros hasta llegar a la subestación de Pesoz.

La organización ecologista advierte que tanto la instalación del parque eólico como su línea de evacuación se sitúan dentro de espacios naturales protegidos y áreas de importancia comunitaria, lo que, según ellos, representa un impacto ambiental “grave”. Asimismo, acusan al gobierno regional de facilitar estos proyectos en lugares sensibles, ignorando fallos judiciales que se han opuesto a la promoción de parques eólicos en entornos frágiles.

Además, recuerdan que ya hay cinco parques eólicos en funcionamiento dentro de la Reserva de la Biosfera del río Eo, Oscos y Terras de Burón, junto a otros ocho autorizados y doce en fase de planificación. La Coordinadora señala que el conjunto de estas instalaciones eólicas en Asturias aún no ha pasado por un proceso de Evaluación Ambiental Estratégica, contrario a lo estipulado por la Directiva 2001/42/CE y la Ley 9/2006.

Por último, resaltan que persisten sin respuesta múltiples denuncias ambientales, urbanísticas y de patrimonio formuladas a lo largo de las últimas décadas y hacen un llamamiento a la necesidad urgente de una moratoria que impida nuevos proyectos en entornos de especial protección.