OVIEDO, 29 de diciembre.

Una delegación de la Asociación de Docentes d'Asturianu y Eonaviego/Gallego-Asturiano (ADAE) acudió a Madrid este lunes para presentar una queja formal al Defensor del Pueblo, en respuesta a la negativa del Ministerio de Educación de modificar los Reales Decretos que permitirían establecer especialidades para el profesorado que enseña estas lenguas.

El 26 de noviembre pasado, la entonces ministra de Educación, Pilar Alegría, desestimó nuevamente la necesidad de esta modificación normativa. Este rechazo ha sido calificado por la asociación como una condena para 332 docentes en Asturias, quienes se verían obligados a lidiar con una situación de interinidad casi perpetua, lo cual contraviene la normativa europea que prohíbe el abuso de la temporalidad en el empleo público.

Desde la ADAE subrayan que la LOMLOE, como ley educativa superior, reconoce explícitamente la enseñanza de lenguas sin necesidad de ser consideradas cooficiales. Por este motivo, el colectivo sostiene que es responsabilidad del gobierno nacional asegurar que los derechos laborales de los docentes que enseñan estas lenguas sean equivalentes a los de otros profesionales educativos, sin importar cuán formalmente sean reconocidas estas lenguas.

Conscientes de la gravedad de la situación, la asociación ha recurrido al Defensor del Pueblo para solicitar su intervención con el fin de acabar con "una discriminación que ha persistido durante décadas" y para que se implementen acciones que garanticen el respeto a la normativa vigente en este ámbito.

Asimismo, han expresado su frustración ante la falta de comunicación del Gobierno del Principado de Asturias y la Consejería de Educación. Tras su reunión con la ministra, la respuesta del Ministerio no llegó hasta tres semanas después, sin que hubiera una comunicación oficial hacia el profesorado ni hacia las organizaciones sindicales involucradas.

La ADAE ha solicitado reiteradamente una reunión con la consejera de Educación, buscando trabajar en conjunto con los sindicatos para encontrar soluciones, pero hasta ahora no ha podido concretar dicho encuentro.

Esta queja es solo una de las acciones planeadas para las próximas semanas, ya que el colectivo considera que el Gobierno del Principado de Asturias no está abordando adecuadamente un conflicto laboral que lleva más de 40 años afectando a la inclusión de las lenguas asturianas en el sistema educativo.

En esta línea, han anunciado para enero la convocatoria de una junta abierta a todos los docentes de estas especialidades para discutir las próximas movilizaciones, incluyendo la posibilidad de una huelga si no se logran avances concretos en la resolución del conflicto.