El Consejo de Europa ha resaltado los logros del innovador Plan Piloto Experimental de Fomento del Uso del Asturiano llevado a cabo entre 2017 y 2019, el cual obtuvo resultados positivos en la mejora de las calificaciones del alumnado participante. Sin embargo, pese a estos avances, el plan se encuentra actualmente paralizado y la consejera actual, Lydia Espina, ha rechazado su continuación debido a la falta de seguridad jurídica al no ser el asturiano una lengua oficial.

El análisis realizado por el Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa, publicado recientemente, señala la falta de progresos con respecto a la enseñanza del asturiano en Educación Secundaria y Formación Profesional, además de resaltar los logros obtenidos con el Plan Piloto en Asturias.

Este proyecto voluntario para los alumnos y centros implicados buscaba promover el uso del asturiano como lengua vehicular en asignaturas como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Física o Plástica de 4º y 5º de primaria, y se llevó a cabo en seis centros durante los cursos 2017-18 y 2018-19. Según las autoridades, la evaluación del plan mostró una mejora generalizada en las calificaciones de los alumnos, siendo valorado positivamente por la comunidad educativa. A pesar de ello, la consejera Lydia Espina descartó retomarlo en noviembre del 2022 debido a restricciones legales por el estatus no oficial del asturiano.

El informe del Consejo de Europa destaca que las negociaciones para la reforma del Estatuto y la oficialidad de las lenguas de Asturias llevan dos años en marcha sin alcanzar un acuerdo definitivo. Por otro lado, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha sido mencionado por su uso del asturiano y gallego-asturiano en discursos, así como la Consejería de Cultura por comunicarse de forma bilingüe. Asimismo, se valoran los avances en la rotulación de museos y la edición de folletos turísticos en castellano, asturiano e inglés.

Finalmente, el informe resalta los avances en la creación de la Red de Normalización Lingüística a través de un decreto que regulará la colaboración oficial del Principado con los municipios en asuntos lingüísticos.