OVIEDO, 17 de diciembre. En un reciente pronunciamiento, el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, ha reafirmado que el marco legal vigente no permite la permuta de los antiguos pisos de la barriada minera de Pumarabule, situada en Siero, por las nuevas viviendas que fueron edificadas en la región en el año 2021.

Las declaraciones de Sánchez se produjeron en respuesta a las diputadas del Partido Popular, Beatriz Polledo y Susana Fernández, quienes hicieron un llamado a la Consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos para que considerara esta alternativa en beneficio de los residentes de Pumarabule.

“Quien ofreció a los vecinos del lugar una solución que no cuenta con el respaldo jurídico necesario, ya no ocupa esta dirección general”, enfatizó Sánchez en unas declaraciones enviadas a los medios de comunicación. Enfatizó que su departamento ha informado “desde el primer momento, de manera clara y transparente” a los afectados sobre la realidad de la situación actual.

El director general subrayó que la Administración “no puede, en ningún caso, intercambiar una vivienda de propiedad privada por una pública”. A tal efecto, advirtió de que no existe un marco legal que respalde dicha acción, sugiriendo que quienes abogan por lo contrario o están solicitando a la Administración que actúe de manera irregular, o carecen de conocimiento sobre el marco legal. “Resulta sorprendente que estas diputadas, ambas con formación en derecho, insten al gobierno a tomar una medida que podría ser considerada prevaricación”, agregó.

En lo que respecta a la posibilidad de que los vecinos afectados accedan a las nuevas viviendas que serán ofrecidas en alquiler, Sánchez explicó que el decreto que regula la adjudicación de este tipo de inmuebles excluye a aquellos que ya poseen una vivienda. La única vía de excepción para estos residentes sería presentar un certificado de ruina de su propiedad, emitido por un técnico, el cual permitiría considerarlos como no propietarios en virtud del decreto. “Hasta la fecha, no existe un solo informe técnico que mencione la ruina”, puntualizó Sánchez.

Asimismo, el director general recordó que el decreto de adjudicación permite a cada ayuntamiento definir colectivos prioritarios para el acceso a las viviendas. “Estamos comprometidos con la colaboración eficaz entre las administraciones y, en ningún caso, vamos a eludir este procedimiento”, afirmó con firmeza.

Mirando hacia el futuro, Sánchez informó que el proyecto de presupuestos para el año 2025 incluye una asignación de un millón de euros destinada a la reparación de tres bloques de viviendas que han sido objeto de vandalismo tras permanecer vacíos desde 2021. “Nuestra gestión se orienta hacia la eficacia y nuestra responsabilidad es poner a disposición viviendas para aquellos que enfrentan dificultades para acceder a ellas. No podemos permitir que las viviendas públicas permanezcan vacías”, concluyó.