El Gobierno asturiano da luz verde a la Ley de Impulso Demográfico para contrarrestar el envejecimiento de la región
El Gobierno de Asturias ha aprobado este viernes el proyecto de Ley de Impulso Demográfico, una iniciativa que busca enfrentar el descenso de habitantes, el envejecimiento y el despoblamiento en la región. Según el Ejecutivo, la ley combina políticas dirigidas al fomento de la actividad económica y la cohesión social, así como al aumento de la población.
El proyecto de ley consta de 81 artículos y tiene como objetivo introducir la perspectiva demográfica en todas las políticas públicas. El Gobierno destaca que se ha tenido en cuenta el amplio consenso alcanzado en la pasada legislatura en el parlamento, incorporando propuestas del dictamen sobre el reto demográfico y nuevas medidas resultado de reuniones y conversaciones con todos los grupos.
El Gobierno del Principado ha incluido medidas específicas para contener el declive demográfico en Asturias en los presupuestos de la última legislatura, como ayudas directas a la natalidad, deducciones fiscales y ayudas para las familias con menores de cuatro años. El proyecto de ley busca ampliar y fortalecer estas medidas, proporcionando un marco jurídico adecuado y estable para abordar el desafío demográfico a largo plazo.
Entre las líneas de actuación que establece el proyecto de ley se encuentran la clasificación de los concejos en cuatro categorías, la fiscalidad diferenciada, la atención a la población migrante y el fomento de la igualdad y conciliación.
Tras la disolución de la Junta General y la convocatoria de elecciones autonómicas, ha sido necesario reanudar el proceso para iniciar el debate parlamentario. Después de negociaciones con los grupos parlamentarios, se han introducido varios cambios en el proyecto de ley, como el uso de una fiscalidad diferenciada y el refuerzo del compromiso de elaborar planes demográficos, así como la potenciación de la hospitalización a domicilio y las unidades de coordinación sociosanitaria.
El Gobierno busca garantizar la estabilidad de las políticas demográficas y sostiene que su éxito dependerá de su mantenimiento a medio y largo plazo. El objetivo es lograr el mayor acuerdo parlamentario posible para asegurar la implementación efectiva de las medidas propuestas.