**MADRID, 19 de noviembre.** En una clara manifestación de compromiso contra la violencia de género, el Consejo de Ministros ha adoptado este martes un Protocolo de condena y repulsa, impulsado por la ministra de Igualdad, Ana Redondo. Este paso busca unificar y agilizar los procedimientos a seguir tras un asesinato relacionado con la violencia machista, subrayando la urgencia de una respuesta institucional decisiva.

El Ministerio de Igualdad ha enfatizado que los feminicidios representan “la forma más extrema de la violencia contra las mujeres”. En este sentido, han subrayado que “los poderes públicos no pueden permanecer indiferentes” ante estas atrocidades. Por lo tanto, han considerado fundamental establecer un protocolo que permita desplegar una respuesta “clara, unificada y contundente” en casos de violencia de género.

El objetivo primordial de este protocolo es triple: en primer lugar, manifestar una condena pública inequívoca ante todos los asesinatos por violencia de género; en segundo lugar, expresar solidaridad con las víctimas, así como con sus familiares y seres queridos, reconociendo la imperiosa necesidad de atención y apoyo para su recuperación; y en tercer lugar, fomentar una respuesta coordinada que abarque todo el territorio español, tal como ha informado el departamento de Ana Redondo.

Este protocolo se implementará mediante la colaboración del Ministerio de Igualdad junto al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, a través de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, así como de las Direcciones Insulares de la Administración General del Estado. La convocatoria de un minuto de silencio y la emisión de una declaración institucional que condene la violencia, ofrezca un mensaje de solidaridad y llame a la unidad para enfrentar la violencia machista son algunos de los elementos unificados en este procedimiento.

Además, el protocolo asegura que el mensaje de esta declaración será difundido a través de los canales oficiales de comunicación de cada institución. Se contempla igualmente la coordinación con comunidades autónomas, Consells, Cabildos Insulares y entidades locales, así como con organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito.

Un aspecto crucial del protocolo es que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se personará como acusación popular en los juicios que se inicien en casos de feminicidio. Esto se llevará a cabo cuando la comunidad autónoma donde se ha producido el crimen no decida ejercer dicha acción popular, garantizando así una mayor protección y representación a las víctimas.

En este crucial contexto, el Consejo de Ministros también aprobó este martes una Declaración Institucional en relación con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre. En esta declaración, el Gobierno reitera su contundente rechazo a “todas las formas de violencia machista”, al tiempo que destaca diversas medidas, como la implementación de mecanismos previstos en la Ley de garantía integral de la libertad sexual (LOGILS), que incluye ayudas económicas a víctimas de violencias sexuales y la apertura de centros de atención integral disponibles las 24 horas.

La Declaración Insitucional sostiene que España se erige como un "referente internacional" en la lucha por erradicar la violencia de género y resalta hitos como los 20 años de aprobación de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, así como el consenso logrado en 2017 con el Pacto de Estado. Sin embargo, también se recuerda el doloroso costo de esta problemática, mencionando a las 1.285 víctimas mortales desde 2003, los 463 menores huérfanos y los 61 menores asesinados, un recordatorio sombrío que resalta la urgencia de renovar el Pacto de Estado y promover cambios que erradiquen la vergüenza y el estigma en quienes sufren violencia.

Finalmente, la Declaración apunta hacia la responsabilidad única de los agresores, así como el papel de aquellos que optan por mirar hacia otro lado en vez de actuar. En su cierre, se envía un mensaje de reconocimiento a todas las mujeres, niñas y niños que han sido víctimas de violencia machista, subrayando la necesidad de que hombres y mujeres unan fuerzas en esta lucha común. “Nadie debe ser ajeno a este esfuerzo colectivo que nos impulsa a construir una sociedad más justa y libre de violencia de género”, concluye la declaración.