OVIEDO, 3 de enero.

El Gobierno asturiano ha dado un paso significativo al aprobar el Proyecto de Ley de Protección y Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias, una iniciativa destinada a modernizar la regulación existente desde 2002, con el objetivo de fortalecer la defensa de la ciudadanía frente a prácticas comerciales agresivas en la era digital.

En declaraciones sobre la nueva legislación, el director general de Consumo, Faustino Zapico, subrayó la importancia de adaptarse a un entorno comercial en constante evolución, caracterizado por la digitalización y los cambios en los hábitos de compra.

Zapico comentó: "A lo largo de estos 23 años, los hábitos de consumo de los asturianos han experimentado transformaciones drásticas, especialmente con el auge de las compras en línea".

Uno de los elementos más destacados de esta nueva normativa es la modernización del régimen de sanciones. Anteriormente, la administración regional se veía limitada a aplicar un marco sancionador desactualizado, pero ahora las multas se ajustan a la realidad actual, con un rango que va de 150 a 10.000 euros para infracciones leves, de 10.001 a 100.000 para graves y de 100.001 a un millón para las más severas.

La ley también contempla la posibilidad de imponer sanciones aún más elevadas cuando la infracción tenga consecuencias de gran magnitud, como generar un riesgo para la salud o afectar a un alto número de consumidores. En tales situaciones, las multas pueden superar el millón de euros y multiplicarse entre seis y diez veces el beneficio ilícito obtenido por la empresa infractora.

Zapico enfatizó que esta regulación se ha diseñado para combatir prácticas indeseadas, como compras no deseadas y tácticas comerciales intrusivas que perjudican a la población.

Otro aspecto significativo de la ley es la creación de la figura de la persona consumidora vulnerable, que recibirá una protección adicional por su edad, discapacidad, nivel económico o dependencia de tecnologías digitales, asegurando así que quienes se encuentren en una situación de desventaja tengan mayores garantías en el mercado.

Con esta nueva legislación, el Gobierno de Asturias se posiciona en la vanguardia de la defensa de los derechos de los consumidores, ofreciendo soluciones integrales a problemas contemporáneos como la obsolescencia programada, el control de las principales plataformas digitales y la necesidad de proporcionar información precontractual más clara y accesible para todos.