OVIEDO, 10 de diciembre. El Gobierno de Asturias se encuentra en la fase final de preparación de un nuevo decreto que regulará las viviendas de uso turístico, con la intención de llevarlo a aprobación en el Consejo de Gobierno en febrero. Esta normativa representa una actualización significativa del texto de 2016, incorporando requisitos más estrictos y otorgando mayor poder a los ayuntamientos para gestionar estos alojamientos. Actualmente, el decreto está en proceso de tramitación administrativa antes de ser enviado al Consejo Consultivo.

Gimena Llamedo, la vicepresidenta del Principado, lideró la reunión del Consejo Asesor de Turismo de Asturias este miércoles, donde se presentó la nueva propuesta. En declaraciones a la prensa, Llamedo enfatizó que el propósito del decreto es estandarizar la calidad de estos alojamientos, fomentar una convivencia armoniosa y fortalecer los mecanismos de inspección, especialmente ante el notable aumento de estos servicios y su repercusión en la disponibilidad de vivienda en la región.

Durante la fase de exposición pública del decreto, el Gobierno de Asturias recibió un total de 227 alegaciones, muchas de ellas provenientes de otras comunidades autónomas. Llamedo sugirió que esto puede ser indicativo de un interés generalizado en la regulación de las viviendas de uso turístico, señalando que las normativas en una comunidad pueden inspirar a otras. La mayor parte de las alegaciones se centraron en los artículos que proponen nuevos requisitos para estos alojamientos.

Entre las modificaciones introducidas, destacan cambios en los plazos de adaptación a las nuevas normativas, entre los cuales se establecen 12 meses para cumplir con requisitos como la capacidad máxima de plazas, y 6 meses para implementar medidas de fácil instalación, como luces de emergencia y extintores.

La nueva regulación establece medidas concretas, incluyendo un límite de 8 plazas por vivienda, la obligación de contar con un baño completo por cada cuatro plazas, y la implementación de sistemas de evacuación, señalización adecuada y extintores. Asimismo, será obligatorio instalar medidores de ruido para garantizar la convivencia pacífica en edificios residenciales.

Además, se requerirá ofrecer servicios auxiliares como la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones, proporcionar información turística a los huéspedes y asegurar la recepción presencial en las 24 horas posteriores a su llegada, aunque no es necesario que se entreguen físicamente las llaves.

La vicepresidenta también subrayó la importancia de la colaboración con los ayuntamientos, que deberán emitir informes vinculantes para evaluar si el uso turístico se puede compatibilizar con el uso residencial en cada edificio. Estas entidades locales tendrán la facultad de establecer un límite en el número de viviendas de uso turístico en sus localidades.

Adicionalmente, la norma permitirá la creación de convenios de cooperación entre el Gobierno del Principado y los municipios para ofrecer asesoramiento, información y formación, enfocándose en aquellas localidades más pequeñas.

Llamedo resaltó que desde el inicio de esta legislatura, el Principado ha reforzado la inspección en este sector mediante la implementación de herramientas digitales que han facilitado un mayor control y la imposición de sanciones, logrando incluso eliminar 100 anuncios ilegales en plataformas. La plantilla del servicio de inspección se ampliará a 18 personas en 2026 con la incorporación de dos nuevos inspectores.