El pasado 23 de diciembre, en un avance significativo para la justicia social en el Principado de Asturias, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, anunció un acuerdo histórico con los representantes del Colegio de Abogados de Oviedo y del Colegio de la Abogacía de Gijón. Este acuerdo busca mejorar las compensaciones económicas y ampliar los criterios de acceso a la justicia gratuita, que contará con una asignación récord de 10 millones de euros para 2026.

Durante una reunión en la que también estuvo presente la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, se discutieron las nuevas medidas impulsadas por Peláez y los decanos de ambos colegios, Antonio González-Busto y Benigno Villarejo. El consejero explicó que la asignación adicional de 1,2 millones de euros que se incluye en el presupuesto permitirá llevar a cabo una reforma del decreto que regula las tarifas de la justicia gratuita.

Una de las medidas más destacadas anunciadas por el consejero es la inclusión de todas las víctimas de delitos de violencia sexual en el ámbito de la justicia gratuita, sin importar su situación económica, alineándose con la protección ya existente para las víctimas de violencia de género. Esta ampliación de beneficiarios representa un paso crucial en el reconocimiento de los derechos de las víctimas.

Además, las retribuciones para los abogados que brindan asistencia a víctimas de violencia sexual y de género aumentarán en un 25%, lo que reconoce y recompensa de manera más justa su labor. La reforma también permitirá cubrir más acciones legales, incluyendo la asistencia letrada en métodos alternativos de resolución de conflictos, con tarifas de 110 euros por intervención si no se llega a un acuerdo, así como compensaciones según el baremo judicial si se logra evitar un litigio posterior.

Peláez también enfatizó que las remuneraciones para los letrados se ajustan anualmente basándose en el aumento de los salarios de los empleados públicos, lo que resultará en un incremento retroactivo del 2,5% este año y un adicional del 1,5% en 2026. Cabe destacar que, gracias a la gestión de la consejería, los pagos a los abogados se realizarán mensualmente, respondiendo así a una demanda histórica del colectivo, a pesar de que el decreto solo prevé pagos trimestrales.

El consejero subrayó la importancia del diálogo constructivo con los colegios de abogados y destacó que estas reformas han sido fruto de un entendimiento mutuo. “Siempre hemos mantenido el enfoque en la protección de las víctimas y en la atención a la ciudadanía”, afirmó Peláez, reafirmando el compromiso del gobierno con la justicia social.

Finalmente, Peláez destacó la justicia gratuita como un pilar fundamental que garantiza los derechos básicos de las personas con menos recursos y proporciona un respaldo integral a las víctimas de violencia de género y sexual. “Es esencial reconocer el invaluable trabajo de los abogados que participan en este servicio, que es esencial para la dignidad y la justicia en nuestra sociedad”, concluyó.