El PP acusa a Derechos Sociales de justificar contratos de emergencia injustificados con su supuesta negligencia.
En el día de hoy, la diputada del Partido Popular en la Junta General, Beatriz Polledo, ha denunciado la falta de transparencia y el caos en la gestión de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Polledo ha señalado que la negligencia en las licitaciones se ha convertido en una excusa para optar por contratos de emergencia injustificados para la prestación de servicios y suministros.
Tras solicitar información al Gobierno del Principado, desde el PP aseguran que la Consejería ha obviado los procedimientos administrativos establecidos, lo que constituiría una clara falta de respeto a la normativa vigente.
Según Polledo, los problemas en la Consejería se remontan a la gestión de Melania Álvarez, quien abandonó su cargo de forma repentina y fue promocionada como senadora por designación autonómica. Sin embargo, la diputada considera que la actual consejera, Marta del Arco, tampoco puede ser exculpada y solicitará su comparecencia para dar explicaciones tanto en comisión como en sesión plenaria.
Desde el PP se critica el descontrol, las irregularidades y las ilegalidades en la contratación por parte de la Consejería, especialmente en lo referente al ERA. Polledo destaca que el procedimiento habitual de la Consejería atenta contra principios básicos de la contratación pública como la objetividad, la concurrencia libre, la transparencia y la publicidad.
"La propia Consejería es responsable de crear situaciones de emergencia debido a su negligencia", ha afirmado Polledo, haciendo hincapié en que los contratos de emergencia deben reservarse para circunstancias excepcionales como pandemias o catástrofes, y no para contrataciones habituales y reiteradas.
Por otra parte, la diputada ha denunciado que en 2023 se registraron 23 sentencias condenatorias por impagos de la Consejería. "Es inaceptable tener que recurrir a la justicia para poder cobrar", ha alertado, señalando que solo las grandes empresas pueden permitirse esperar hasta 18 meses para obtener el pago por sus servicios.