OVIEDO, 8 de enero - El diputado regional de la formación popular, Manuel Cifuentes, ha lanzado una crítica contundente respecto a las actuales condiciones de los edificios judiciales en Asturias, utilizando los juzgados de Mieres como un claro ejemplo del deterioro que marca a este sector. Su mensaje fue clara durante una conferencia de prensa celebrada frente a dicha sede judicial.

El portavoz de Justicia del Partido Popular subrayó que la situación de los juzgados de Mieres refleja el abandono sistemático y la desidia por parte del Gobierno asturiano en lo que se refiere a la administración de la Justicia. A su juicio, estas instalaciones han estado desatendidas durante demasiados años, careciendo de las inversiones necesarias para su adecuada actualización y mantenimiento, afectando así el desempeño cotidiano de quienes trabajan en ellas.

Entre los problemas más críticos que mencionó, Cifuentes hizo hincapié en la insuficiencia de espacios y en la falta de adecuación de los locales a las verdaderas necesidades de quienes operan en el sistema judicial. Además, señaló la ausencia de un espacio específico destinado al equipo psicosocial, lo cual podría mejorar considerablemente el bienestar de los usuarios de la justicia.

Asimismo, el acceso a las instalaciones representa un serio desafío, ya que las barreras arquitectónicas impiden que personas con movilidad reducida accedan a los pisos superiores. "No estamos ante cuestiones recientes o inexploradas; estos problemas son de larga data y han sido repetidamente resaltados por el Tribunal Superior de Justicia en sus informes anuales", argumentó Cifuentes, enfatizando que se trata de problemáticas que afectan el funcionamiento del sistema judicial y, por ende, los derechos de los ciudadanos.

El Partido Popular ha expuesto que lo más alarmante es que el propio Gobierno del Principado reconoce las deficiencias en un plan de infraestructuras judiciales, pero no toma medidas efectivas al respecto. En su análisis de los presupuestos de 2026, denunciaron que la Administración de Barbón no ha asignado recursos para abordar estos problemas, y las acciones propuestas se postergan hasta 2031.

“Esperar cinco años más es un verdadero insulto”, criticó Cifuentes, recordando que su partido había presentado múltiples enmiendas a los presupuestos actuales, que suman más de un millón y medio de euros, con el objetivo de mejorar el estado de la justicia en la región.