OVIEDO, 7 de diciembre. En un reciente pronunciamiento, el diputado del Partido Popular (PP) en la Junta General, Rafael Alonso, ha arremetido contra las políticas implementadas por los gobernantes Pedro Sánchez y Adrián Barbón. Su crítica se centra en el notable aumento de la tarifa de basuras, un tema que ha generado preocupación entre los asturianos.

Durante una rueda de prensa, donde estuvo acompañado por José Manuel Fernández ‘Chami’, presidente del Comité de alcaldes del PP de Asturias, y Rodrigo Pintueles, secretario del área de Medio Ambiente del PP de Asturias y concejal en Gijón, Alonso denunció que la Junta de Cogersa aprobó, con los votos en contra de su partido, una subida desmedida en los costos de la gestión de residuos. Según sus declaraciones, el precio por tonelada de bolsa negra ha alcanzado la cifra de 80 euros, lo que consideran un agravio para las economía de los municipios y los ciudadanos de la región.

El PP ha calificado esta medida como “basurazo”, y ha señalado que se trata de una decisión “injusta y evitable” que debiera ser reconsiderada. Alonso enfatizó que “los asturianos no deben asumir el peso de la mala gestión de los gobiernos de Sánchez y Barbón”. Destacó, además, que este incremento obligará a los ayuntamientos a aumentar los impuestos relativos a la recogida de basura, aunque muchos de ellos se oponen a dicha medida.

Adicionalmente, los representantes del PP han cuestionado el argumento utilizado por los socialistas, quienes han justificado este aumento bajo la supuesta necesidad de cumplir con la Directiva Europea 2018/851. Han señalado que un reciente pronunciamiento del vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea ha puesto en entredicho este alegato, invalidando su validez.

Rafael Alonso insistió en que la normativa comunitaria ofrece flexibilidad en cuanto a las decisiones que cada país puede tomar. “No se trata de un mandato europeo, sino de una estrategia política destinada a hacer que los ciudadanos asuman la totalidad del costo de la gestión de residuos”, afirmó con firmeza.

El diputado crítico añadió que el Gobierno de Barbón muestra una alarmante falta de sensibilidad al destinar tan solo 8 millones de euros de los casi 21 millones que se recaudan a través del impuesto por depósito en vertedero a las arcas de Cogersa y los ayuntamientos. “Los 13 millones restantes son utilizados para otras finalidades, evidenciando una gestión opaca e insensible que agrava la presión sobre los municipios y sus habitantes”, subrayó.

En este contexto, el PP ya ha llevado al Congreso de los Diputados una proposición no de ley con el objetivo de eliminar la obligatoriedad de aplicar la tasa al 100%, permitiendo así que los ayuntamientos puedan aliviar esta carga. Sin embargo, dicha iniciativa fue rechazada por la mayoría que respalda al Gobierno de Sánchez.

“El Ejecutivo de Barbón, en su constante alineación con Sánchez, vuelve a poner el peso de sus decisiones sobre los asturianos, sobrecargando a los ayuntamientos y a las familias. En el Partido Popular continuamos defendiendo una gestión que sea más responsable y que dé prioridad a los intereses de los ciudadanos, evitando el uso de medidas fiscales desproporcionadas para equilibrar sus cuentas”, agregó Alonso.

Por su parte, Rodrigo Pintueles, quien también se desempeña como concejal en el Ayuntamiento de Gijón, subrayó la necesidad de cumplir con las exigencias de la normativa europea de alcanzar un 50% de recogida separada. No obstante, hizo hincapié en que esto no debería limitarse a incrementar la tasa, sino que es fundamental proporcionar a la ciudadanía los recursos y herramientas necesarios para lograr este objetivo y cumplir con las obligaciones legales que se imponen.

Pintueles también propuso que se establezca una nueva línea de subvenciones por parte del Principado, basada en la totalidad de lo recaudado por el impuesto de depósito en vertedero, para ayudar a mitigar el impacto del aumento en las tarifas.

Finalmente, José Manuel Fernández expresó su preocupación por el hecho de que “lo único que han hecho es aumentar la tarifa para los asturianos, sin proponer ninguna otra medida de apoyo a los ayuntamientos”. Además, denunció la falta de claridad sobre cómo se organizará la recogida de residuos en las localidades más pequeñas, especialmente en las alas de Asturias, subrayando que las exigencias son las mismas para las grandes ciudades y para los pueblos, ignorando las particularidades de las comunidades más pequeñas, lo cual resulta injusto para todos los ciudadanos.