El PP demanda la renuncia de Peláez por engañar a los asturianos en su defensa de "la caleya fiscal de Barbón".
OVIEDO, 23 de diciembre. En un polémico enfrentamiento político, el diputado del Partido Popular (PP) Luis Venta ha lanzado serias acusaciones al consejero de Economía y portavoz del Gobierno de Asturias, Guillermo de Peláez. En una rueda de prensa celebrada este lunes, Venta sostiene que Peláez engañó a los asturianos durante el reciente debate sobre los Presupuestos en la Junta General, al defender lo que él llama “la caleya fiscal de Barbón”, una iniciativa que, según Venta, está en franca descomposición.
Los parlamentarios del PP, Venta y su compañero Andrés Ruiz, criticaron específicamente lo que consideran una afirmación falsa por parte de Peláez, quien declaró que los Presupuestos incluían la propuesta del PP de bonificar al 99 por ciento el Impuesto de Sucesiones en el caso de transmisión de empresas familiares y explotaciones agrarias hasta el cuarto grado de consanguinidad. “Es una afirmación completamente falsa”, sentenció Venta, dejándolo claro.
Ante esta situación, Venta argumenta que las declaraciones de Peláez podrían deberse a diferentes razones. “Si mintió para intentar salir airoso ante la presión del presidente del PP en Asturias, Álvaro Queipo, eso es inaceptable, ya que el fin no justifica los medios; pero si lo hizo por falta de conocimiento sobre la fiscalidad que afecta a los asturianos, eso sería incluso más preocupante, pues indicaría que el consejero ha dejado de ser una figura de rigor para convertirse en un mero leguleyo”, apuntó.
El diputado del PP continuó, advirtiendo que “si realmente perdió el hilo del debate presupuestario, Asturias no puede permitirse indocumentados de esta categoría”, dejando en evidencia su descontento con la capacidad del consejero.
La crítica no se detuvo ahí. Venta también expresó su preocupación por el apoyo que el presidente del Principado, Adrián Barbón, parece brindar a Peláez: “No solo lo desautorizó, sino que le aplaudió y, en cierto modo, promueve su desconocimiento, del que se enorgullece. La arrogancia de los miembros del Gobierno regional no debe prevalecer sobre el bien común”, advirtió, añadiendo que los asturianos se ven obligados a pagar más impuestos que el resto de los ciudadanos españoles.
“Lo que el PP ha denunciado desde hace tiempo ha quedado patente: La supuesta vía fiscal asturiana es un engaño del Gobierno de Barbón, una farsa que se desmorona frente a la realidad”, afirmó Venta, calificando la situación como una “caleya fiscal asturiana” que limita aún más los recursos de los ciudadanos a través de una política fiscal voraz.
En su intervención, el portavoz adjunto del PP no dudó en acusar al Gobierno bipartito de mentir no solo durante la tramitación de los Presupuestos, sino también antes y después de su presentación. “Se anunció una reducción inicial de 400 millones para eliminar un proyecto que, en realidad, generaría 300 millones más en ingresos. Hay un desajuste de más de 700 millones”, afirmó con contundencia.
La narrativa de Venta prosigue, señalando que durante la tramitación también hubo desinformación por parte del consejero, quien aseguró que la propuesta del PP sobre el Impuesto de Sucesiones ya estaba incluida en los Presupuestos. “Y luego se mintió sobre la posibilidad de enmendar el proyecto, algo que no es viable, ya que se trataría de una enmienda a la totalidad que tendría que ser devuelta al Gobierno”, añadió.
“Asturias merece algo mejor que esta incompetencia evidente. Exigimos explicaciones, disculpas y una rectificación por parte del Gobierno. Si no son capaces de asumir su responsabilidad, el consejero debería renunciar”, concluyó con firmeza.
Por otro lado, Andrés Ruiz anunció que el PP ha presentado este mismo lunes en la Junta General una propuesta de ley destinada a modificar la normativa de tributos cedidos, con el objetivo de que la bonificación del 99 por ciento en el Impuesto de Sucesiones pueda ser aprobada a principios del próximo año, siempre que el Gobierno no se oponga.
Ruiz también se refirió a una enmienda presentada por el PSOE, que pospone la implementación de la bonificación hasta 2026, describiéndola como “chapucera” y aludiendo a que no se trata de una enmienda al Presupuesto, sino de un intento de corregir la “desacreditada” postura del consejero Peláez.
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