En la jornada de hoy, los diputados del Partido Popular en la Junta General de Asturias, Luis Venta y Andrés Ruiz, han manifestado su firme compromiso de avanzar en la tramitación de una propuesta de ley que busca bonificar en un 99% el Impuesto de Sucesiones para herederos de cuarto grado. Esta declaración surge como una respuesta directa al Gobierno del Principado, que, según ellos, ha quedado en evidencia tras presentar un informe en contra, lo cual consideran prueba de que el consejero Guillermo Peláez no fue veraz al afirmar que ya existía una rebaja fiscal contemplada. A su juicio, la enmienda "en diferido" presentada por el PSOE solo ha servido para encubrir lo que consideran una falsa promesa.

Desde las filas del PP han criticado abiertamente la “falta de voluntad” del Ejecutivo liderado por Adrián Barbón para implementar una reducción de impuestos. Esto se evidencia en su negativa a respaldar la reforma propuesta por el PP, incluso después de que el Consejo de Gobierno emitiera un dictamen desfavorable sobre la bonificación del 99% del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en empresas familiares y explotaciones agrarias para el cuarto grado de consanguinidad.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede parlamentaria, los representantes del PP subrayaron que el Gobierno ha perdido su máscara al proporcionar un informe que consideran “repleto de falsedades”, que pretende desvirtuar una propuesta destinada a rebajar la carga fiscal. Además, reprochan al presidente por mostrarse, según ellos, “orgulloso” de que Asturias sea vista como una “isla fiscal” en comparación con otras comunidades.

Los diputados del PP han criticado que, mientras comunidades como Galicia, Castilla y León o Cantabria ya disfrutan de estas reducciones impositivas, el informe del Gobierno sostiene que la fiscalidad es “semejante” en todas las regiones, lo cual consideran totalmente erróneo.

Andrés Ruiz también abordó la reciente controversia surgida durante el proceso de tramitación de los presupuestos, insistiendo en que no existía ningún “fallo técnico” en la propuesta. Además, rechazó la justificación del Ejecutivo, que argumenta que la implementación de esta medida podría suponer una pérdida de 5 millones de euros en ingresos, recordando que el verdadero objetivo del PP es que “cinco millones de euros más queden en el bolsillo de los ciudadanos”.

El diputado también destacó la carácter inmediato de su propuesta, que podría comenzar a aplicarse en febrero de este año, en contraposición a la enmienda “en diferido” del Gobierno, que no tendría efecto hasta enero de 2026.

Por su parte, Luis Venta cerró la conferencia subrayando que, aunque el número de empresas afectadas por esta iniciativa no sea elevado, su relevancia radica en la prevención de cierres, justificando que lo que está en juego es la continuidad de la actividad económica y el empleo en Asturias.