El Gobierno del Principado ha expresado su apoyo a la proposición de reforma del Estatuto de Autonomía para que el asturiano y el eonaviego sean declaradas lenguas oficiales. Consideran que esta decisión traería consigo nuevas oportunidades de desarrollo tecnológico, cultural y económico para la región.

El presidente del Principado, Adrián Barbón, del partido socialista, había anunciado su intención de promover la oficialidad de estas lenguas en mayo. Tras reunirse con todos los grupos parlamentarios, con la excepción de Vox, presentó una proposición junto al PSOE, Convocatoria por Asturies-IU y una diputada del Grupo Mixto para la reforma del Estatuto.

El Consejo de Gobierno ha manifestado que la regulación actual del asturiano y el eonaviego es insuficiente, colocándolos en desventaja frente a otros idiomas cooficiales y limitando su potencial cultural y económico. Consideran que esta reforma protege los derechos lingüísticos y respeta el pluralismo de la sociedad asturiana según lo establecido en la Constitución Española.

Según el Gobierno, la Ley de Uso y Promoción del Asturiano de 1998 no garantiza plenamente los derechos lingüísticos de los hablantes de estas lenguas, lo que ha generado dificultades en la administración y en el ámbito educativo por la falta de reconocimiento oficial.

Por otro lado, el Ejecutivo destaca que al no ser oficiales, el asturiano y el eonaviego no pueden acceder a programas europeos ni a financiación para proyectos culturales, lo que afecta directamente a la producción artística y cultural en estas lenguas.

La oficialidad de estas lenguas acabaría con la discriminación lingüística, permitiría su normalización en diferentes ámbitos como la educación, justicia, sanidad y la administración, y abriría nuevas oportunidades de desarrollo, contribuyendo así a su supervivencia y presencia en la sociedad asturiana.

Con este respaldo del Consejo de Gobierno, la próxima etapa será la toma en consideración de la proposición por parte del parlamento, seguida de un debate y votación que requerirá el apoyo de al menos 27 diputados para salir adelante. Sin embargo, el apoyo del PP es crucial, aunque hay dudas sobre su respaldo debido a la obligatoriedad que implicaría la medida.