El diputado del PP en la Junta General del Principado de Asturias, Luis Venta Cueli, ha acusado al Gobierno de Asturias de poner en peligro la integridad de miles de asturianos debido al caos existente en las estaciones asturianas de ITV. Según Venta, la espera para conseguir una cita previa puede llegar a cien días.

En Asturias, la inspección técnica de vehículos (ITV) es realizada por la empresa pública Itvasa. Los trabajadores llevan meses realizando paros para exigir el cumplimiento de acuerdos previos, como los horarios y el refuerzo de la plantilla. Estos conflictos laborales han generado demoras y dificultades para obtener una cita previa en la fecha acordada.

En una rueda de prensa, el diputado del PP ha responsabilizado a la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, de esta situación. Venta ha exigido su cese y la ha acusado de abandonar a los asturianos afectados.

Según Venta, la gestión nula de Roqueñí está obligando a muchos asturianos a circular con la ITV caducada, lo cual es sancionable por la Dirección General de Tráfico. Además, en caso de un accidente, el seguro no cubriría los daños si no se tiene la ITV en regla.

El diputado del PP ha calificado de "tercermundista" la situación en la que se encuentran muchos conductores asturianos, quienes se ven obligados a viajar a otras comunidades autónomas para pasar la revisión de sus vehículos debido a la incapacidad de conseguir una cita en Asturias. Venta ha lamentado que esta incompetencia convierte a Asturias en el hazmerreír de España.

Asimismo, Venta ha señalado que los desplazamientos a otras comunidades vecinas no son gratuitos para los asturianos, quienes deben recorrer entre 260 y 300 kilómetros. Ha criticado que esto no sea un problema para el presidente de Asturias, Adrián Barbón.

Ante la gravedad de la situación, el diputado ha exigido al Gobierno de Asturias que busque soluciones. Además, ha propuesto explorar otras alternativas, como las concesiones o autorizaciones a otros talleres para realizar las revisiones y resolver la situación.

En cuanto a las posibles sanciones de la DGT a los usuarios afectados por este conflicto laboral, Venta ha recordado que los funcionarios deben cumplir las normas. Ha mencionado que durante la pandemia se modificó una ley para evitar sanciones debido a la imposibilidad de realizar las revisiones.

Finalmente, Venta ha planteado la pregunta de si el presidente de Asturias, Adrián Barbón, solicitaría al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, una modificación de la ley si tuviera problemas con la ITV.