24h Asturias.

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El Principado deberá declarar proyecto como estratégico en tres meses.

El Principado deberá declarar proyecto como estratégico en tres meses.

La Junta General comenzará este lunes la tramitación parlamentaria del proyecto de ley PIER, el cual otorgará al Gobierno del Principado de Asturias un plazo máximo de tres meses para declarar un proyecto como de interés estratégico regional y darle una tramitación urgente y preferente. Esta iniciativa fue aprobada este viernes por el Consejo de Gobierno asturiano.

En palabras de la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, los promotores deberán solicitar el proyecto en la Consejería, a partir de lo cual se iniciará un expediente con la elaboración de informes por parte de la Agencia Sekuens. Tras tres meses se emitirá un informe que permitirá proponer el proyecto al Consejo de Gobierno.

El objetivo de esta norma es facilitar el desarrollo de iniciativas empresariales clave, atraer inversiones y crear empleo, según explicaron Roqueñí, el portavoz del Gobierno Guillermo Peláez, y la vicepresidenta Gimena Llamedo. La Ley de Proyectos de Interés Estratégico Regional busca fortalecer la competitividad del Principado.

La ley establece que las empresas podrán beneficiarse si generan un centenar de puestos de trabajo directos e indefinidos a jornada completa, o si realizan una inversión de 30 millones en menos de dos años. Estos requisitos se reducen a la mitad para empresas en municipios en crisis demográfica, donde bastará con 50 empleos o 15 millones de inversión.

Los PIER declarados por el Ejecutivo autonómico tendrán prioridad ante las administraciones y acceso a herramientas de apoyo financiero. La normativa también agilizará procedimientos y permitirá que el Principado gestione expedientes de entidades locales que carezcan de medios.

Los proyectos PIER podrán acceder a financiación y avales del Principado, así como estímulos a la formación y contratación de personal en la comunidad autónoma. Además, podrán obtener beneficios en la expropiación forzosa y ser considerados compatibles urbanísticamente.

La elaboración del proyecto ha sido liderada por la Consejería de Transición Ecológica con la colaboración de la Vicepresidencia. Se espera que haya consenso político para su tramitación en la Junta General, con el Gobierno abierto al diálogo con todas las fuerzas parlamentarias para lograr las reformas necesarias en Asturias.