OVIEDO, 16 de diciembre. Un reciente estudio del Tercer Sector en Asturias, realizado en colaboración con la Facultad Padre Ossó, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de una legislación que reconozca el papel fundamental de estas organizaciones como agentes sociales. Este informe revela que el 80% de los fondos con los que operan provienen de fuentes públicas, lo que subraya la importancia de diversificar la financiación, incluyendo un aumento en las aportaciones privadas.

El análisis ha sido posible gracias al apoyo de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado a través de los Fondos Europeos Next Generation, y se perfila como una herramienta esencial para entender las realidades del sector y delinear su futuro. La intención es que este documento sirva de base para las futuras políticas que impacten a estas entidades.

Víctor García, presidente de la mesa del Tercer Sector en Asturias, ha señalado que la elaboración de este diagnóstico responde a una demanda de las organizaciones sociales del Principado, que buscan visibilizar su contribución al tejido social y económico de la región.

El informe detalla la situación de 244 organizaciones de acción social que componen el Tercer Sector asturiano, identificando retos como la sostenibilidad financiera y la calidad de las relaciones laborales. Desde la Mesa, se insiste en la necesidad de contar con una ley específica que les permita interactuar de manera efectiva con las administraciones públicas y fortalecer su rol como interlocutores válidos.

García también ha hecho hincapié en la creación de una ley del Tercer Sector en Asturias, que no solo les otorgue reconocimiento, sino que facilite una comunicación fluida con los diferentes niveles de gobierno, tanto local como autonómico.

El director del estudio, José Antonio Llosa, ha destacado la larga trayectoria del Tercer Sector en la región, con más de 30 años de historia, lo que constituye una base sólida sobre la que construir. Sin embargo, también ha subrayado que la inestabilidad financiera es un desafío crítico que debe abordarse, proponiendo como soluciones la búsqueda de financiación europea y el fomento de colaboraciones con el sector privado a través de prácticas de responsabilidad social corporativa.

La consejera de Derechos Sociales de Asturias, Marta del Arco, ha resaltado el impacto positivo que tienen estas entidades sobre la vida de aproximadamente 141,000 asturianos. Del Arco ha manifestado que el estudio servirá como guía para la toma de decisiones estratégicas que aseguren la sostenibilidad del sector, un reclamo que ha sido reiterado por las organizaciones involucradas.

Finalmente, la consejera ha explicado que la futura ley del Tercer Sector se propone establecer un marco claro para la acción social de estas entidades, facilitando la creación de espacios de diálogo de larga duración con la administración, como mesas y comisiones de coordinación que garanticen una comunicación efectiva y alineada en el tiempo.