OVIEDO, 22 de enero. En un giro inesperado de los acontecimientos, Enrique Fernández, quien se desempeñó como consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, ha revelado este jueves que, durante su mandato, nunca recibió información que sugiriera la extracción ilegal de carbón en la mina de Cerredo, ubicada en Degaña. "La única actividad que se consideraba relevante en Cerredo era el proceso de restauración, el cual fue nuestra prioridad durante esa legislatura", manifestó Fernández.

El exconsejero, que ocupó el cargo desde julio de 2019 hasta julio de 2023, compareció ante la comisión parlamentaria que investiga el trágico accidente ocurrido el 31 de marzo, en el que perdieron la vida cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos de gravedad.

Fernández hizo hincapié en que la gestión de las cuestiones mineras había sido "ampliamente delegada" a la Dirección General de Minería, Energía y Reactivación. Esto, según sus palabras, permitió un alto grado de autonomía para los técnicos encargados, quienes tomaban decisiones sin necesidad de consulta previa con el consejero. En este marco, admitió no haber asistido a las reuniones de la Comisión de Seguridad Minera, a pesar de ser parte de ella, dado que dicha responsabilidad también quedaba por debajo de la delegación de competencias.

En cuanto a su comunicación con Belarmina Díaz, la entonces directora general de Minería, Fernández indicó que su interlocución se limitó a conversaciones esporádicas donde recibía "pinceladas" de información sobre expedientes y la disponibilidad de documentación relacionada con el accidente de 2022, que resultó en la muerte de un trabajador. Sin embargo, subrayó que los temas mineros no eran de su principal interés.

El exconsejero destacó que sus interacciones con la Dirección General eran irregulares y enfocadas en situaciones consideradas relevantes. Reiteró la independencia operativa de dicha dirección, sustentada en la confianza profesional, añadiendo que recibía actualizaciones sobre los eventos importantes, especialmente tras el accidente de Cerredo en 2022.

Sobre su opinión personal de Díaz, Fernández la calificó como "una buena profesional y una excelente persona", afirmando que su valoración se mantenía intacta incluso hoy, a la luz de la información que posee.

En respuesta a las interrogantes del diputado Xabel Vegas (IU-Convocatoria), Fernández negó haber sido informado de que el Grupo Cerredo estaba bajo un plan de cierre para la minería del carbón financiado con fondos europeos, o que la empresa solo tenía autorización para desmantelar chatarra. Afirmó que los diálogos se centraban en la restauración ambiental y en los avales y ayudas económicas vinculados a proyectos previos.

Además, mencionó que no recibió alertas por parte del alcalde de Degaña ni conocía de denuncias sobre irregularidades en las operaciones, asegurando que nunca sospechó de actividad minera no autorizada. "No tenía conocimiento en ese sentido", contestó a las preguntas de los diputados.

Cuestionado por los parlamentarios Rafael Alonso (PP) y René Suárez (PSOE), Fernández respondió que nunca dio orden de retrasar trámites ni de acelerar proyectos relacionados con Cerredo. Aclaró que su labor se limitaba a promover la restauración ambiental de la mina. "Estábamos buscando agilidad, pero en la restauración minera, no en iniciativas de otra índole", destacó.

En relación a su proximidad con empresarios del sector, Fernández desmintió que hubiera mantenido reuniones o gestiones con empresas como Combayl, Blue Solving o Carbones de La Vega, así como con sus representantes. Afirmó que su conocimiento sobre estas entidades fue posterior, a través de la prensa y los avances de la investigación judicial.

En cuanto a la eliminación del Servicio de Seguridad Minera en 2019, Fernández argumentó que fue una decisión basada en la eficiencia. Explicó, al ser interpelado por el diputado Adrián Pumares (Foro), que esta resolución fue parte de la reestructuración de la consejería en un contexto donde la actividad extractiva había caído drásticamente, pasando de más de 2,4 millones de toneladas en 2010 a nada en 2019.

En este sentido, destacó que se optó por fusionar dos servicios, manteniendo a los técnicos y eliminando únicamente una jefatura, sin comprometer las competencias en seguridad minera.

Finalmente, Fernández concluyó que nunca reconsideró la reestructuración del servicio de seguridad minera durante su gestión, ya que, a su juicio, el volumen de actividad y las inspecciones eran satisfactorias según la información disponible en ese momento, subrayando que no recibió alertas internas que cuestionaran el control del sistema antes del accidente.