OVIEDO, 18 de noviembre.

Clara Sierra, la directora general de Infancia y Familias del Gobierno de Asturias, ha dado inicio este martes a una jornada crucial dedicada a la presentación de la 'Estrategia asturiana para la promoción de derechos y erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia 2025-2030'. Este ambicioso proyecto se enfoca en la creación de entornos seguros que protejan a los niños y adolescentes, priorizando la prevención ante la violencia.

En un breve encuentro con la prensa antes del comienzo del evento, Sierra destacó que la implementación de esta estrategia está programada para el próximo año. En sus palabras, el propósito esencial es "crear entornos seguros", subrayando la necesidad de hacer hincapié en la prevención y la sensibilización social.

La directora general enfatizó la importancia de que la comunidad reconozca la magnitud de la violencia contra la infancia y sus efectos devastadores. Para abordar esta problemática, el Gobierno del Principado planea lanzar diversas campañas y acciones de concienciación, además de avanzar en la investigación sobre este tipo de violencia.

En 2022, su departamento recibió alrededor de 600 informes relacionados con situaciones de desprotección infantil. En este sentido, Sierra mencionó que su equipo busca "ir más allá" mediante el desarrollo de estudios que permitan diseñar intervenciones más efectivas tanto para la prevención como para la rehabilitación de las víctimas una vez que se ha producido el daño.

La jornada de hoy en Oviedo forma parte de la Semana de los derechos de la infancia, un ciclo de eventos que incluyen diversas actividades diseñadas para abogar por la defensa de los derechos de los niños y adolescentes.

Ignacio Calviño, presidente de Unicef Asturias, añadió que la violencia hacia los niños se manifiesta "en todos los ámbitos", ya sea en el hogar, la escuela, el ocio, o incluso en el ámbito deportivo. Asimismo, destacó que uno de los incrementos más preocupantes se observa en la violencia ejercida a través de redes sociales, lo que plantea nuevos desafíos para la protección de la infancia.