La Fiscalía del Principado de Asturias solicita la condena de un exalcalde de Valdés, una exconcejala del mismo ayuntamiento y tres trabajadoras sociales por un delito contra la integridad moral presuntamente cometido contra un educador social. La vista oral está señalada para este martes, 16 de enero, en el Juzgado de lo Penal número 1 de Avilés, a partir de las 09.30 horas.

Según la acusación del Ministerio Fiscal, en el año 2012, el Centro Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valdés contaba con dos Unidades de Trabajo Social (UTS), una para la zona de Trevías y otra para la zona de Luarca. En este Centro Municipal trabajaba XXX como educador social, junto a las trabajadoras sociales responsables de cada una de las UTS. Sin embargo, las trabajadoras sociales se negaban a facilitarle la información necesaria para desempeñar su Programa de Incorporación Social.

Ante esta situación, XXX presentó varios escritos de queja en el Ayuntamiento, solicitando medidas para solucionar el problema. En julio de 2013, las tres trabajadoras sociales fueron amonestadas, pero las irregularidades continuaron. En octubre de 2013, la concejala delegada de Servicios Sociales estableció un nuevo organigrama en el que se asignaba la función coordinadora a una de las trabajadoras sociales, prescindiendo de la presencia del educador social en las reuniones del equipo pluridisciplinar del centro. Además, en varias ocasiones, el educador social fue privado de los expedientes y documentos necesarios para desempeñar su trabajo.

Ante estas acciones, XXX presentó nuevos escritos denunciando la situación, pero la falta de respuesta del Ayuntamiento y de las trabajadoras sociales provocaron que el educador social se viera obligado a causar baja por incapacidad temporal en varias ocasiones. Además, en la evaluación individual de los trabajadores, la concejala delegada de Servicios Sociales afirmó desconocer la labor del educador social, a pesar de ser consciente de las dificultades a las que se enfrentaba. Esto llevó a que se le retirara un complemento de su nómina.

La situación continuó durante varios años, con el educador social sufriendo un vaciamiento gradual de sus funciones laborales, lo que tuvo un grave impacto en su dignidad personal y profesional. A pesar de que el alcalde del Ayuntamiento tenía conocimiento de la situación y recibió varios escritos del perjudicado solicitando medidas, no tomó ninguna acción para solucionar el problema.

Ante estos hechos, la Fiscalía considera que se ha cometido un delito contra la integridad moral y solicita que cada uno de los acusados sea condenado a 1 año y 6 meses de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.