OVIEDO, 16 de diciembre.

En un caso que pone de relevancia la lucha contra la violencia de género, la Fiscalía del Principado de Asturias ha demandado una pena de 10 años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a su pareja en Oviedo. La vista oral del juicio tuvo lugar en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, donde se escucharon los argumentos de ambas partes y ahora se espera el veredicto.

El procesado, de 24 años, mantenía una relación con la víctima, que en ese momento contaba con 19 años. Esta relación, marcada por la falta de convivencia y por tensiones constantes, fue ocultada por la joven a su familia debido a su temor ante la posible reacción que podrían tener. Esta dinámica se convierte en un reflejo claro de los desequilibrios de poder inherentes en sus interacciones.

Se ha documentado que el acusado propició un ambiente de control y miedo que afectó significativamente a la víctima. La noche del 18 de septiembre de 2021, ella se presentó en su hogar en insistencia de buscar respuestas. Al descubrir mensajes entre él y otra persona, decidió confrontarlo mientras él dormía, lo que dio pie a una discusión intensa.

La situación se tornó trágica cuando, al intentar abandonar su domicilio, el acusado la detuvo bruscamente y procedió a agredirla sexualmente, generando un abuso que ha dejado profundas secuelas en la víctima.

La Fiscalía ha calificado estos actos como un delito de agresión sexual, acentuando la gravedad del caso al considerar la motivación de género como un factor agravante. Por ello, se pide al tribunal que imponga una sanción de 10 años de prisión, además de inhabilitación absoluta para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el período de condena. También se estipula una orden de alejamiento de 500 metros de la víctima durante 15 años y una prohibición de cualquier comunicación con ella a través de cualquier medio.

En materia de responsabilidad civil, el Ministerio Público ha solicitado que el procesado indemnice a la víctima con la suma de 10.000 euros en concepto de daños morales, más los intereses que por ley correspondan, subrayando así la necesidad de justicia y reparación en casos de violencia de género.