En una conmovedora y preocupante jornada en Gijón, la Fiscalía de Área ha solicitado la condena de un individuo acusado de haber violado a una mujer a la que conoció apenas unas horas antes. Este crucial episodio tuvo lugar en una vista oral que concluyó el pasado miércoles en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de la ciudad, donde los testimonios y pruebas presentados quedaron pendientes de la decisión del tribunal.

Los detalles de la acusación son alarmantes. Según el Ministerio Público, la noche del 15 al 16 de enero de 2023, el acusado se presentó en su vivienda en Gijón acompañado de una joven nacida en 2004, a quien había conocido en un contexto social unas pocas horas antes. La situación se tornó sombría cuando, tras ingresar a la vivienda, procedió a llevar a la víctima a su habitación.

Una vez allí, el acusado, consciente de que la mujer se encontraba bajo la influencia de alcohol y otras sustancias que comprometían su capacidad para consentir, llevó a cabo actos sexuales completo. Esta circunstancia subraya la gravedad del caso, pues el imputado era plenamente consciente de que la víctima no podía formular su consentimiento debido a su estado alterado. Las consecuencias de estos actos han dejado a la mujer con síntomas de postraumática que exacerban una condición psicológica ya vulnerable.

Ante estos hechos, la Fiscalía no ha dudado en calificar el comportamiento del procesado como un delito de violación con penetración vaginal, solicitando una severa pena de 7 años de prisión. Además, el Ministerio Público ha propuesto medidas adicionales, como la inhabilitación especial del acusado para ejercer el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena.

El alcance de la solicitud de la Fiscalía va más allá de la prisión. También se pide que se imponga la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros durante un periodo de nueve años, incluyendo la restricción para visitar su hogar, lugar de trabajo o estudio, así como cualquier espacio donde ella pueda encontrarse. Asimismo, se busca establecer una prohibición absoluta de comunicación con la víctima por cualquier medio durante el mismo plazo.

Por otro lado, el Ministerio Fiscal ha solicitado la inhabilitación del procesado para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento durante los próximos nueve años. Es relevante destacar que la solicitud incluye además la inhabilitación especial para cualquier actividad que implique un contacto regular y directo con menores de edad por un periodo de 12 años.

Finalmente, la Fiscalía también ha propuesto que se imponga una medida de libertad vigilada por cinco años, que deberá cumplirse una vez que el acusado haya completado la pena de prisión. En términos económicos, el Ministerio ha solicitado que el procesado indemnice a la víctima con 15.000 euros por daños morales, además de los intereses legales correspondientes, y que abone al Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) la cantidad de 127,71 euros por los gastos médicos generados, además de hacerse cargo de las costas procesales relacionadas con el caso.