En el marco de un debate político que sigue resonando en toda España, la cuestión de la vivienda se perfila como el eje central de la cumbre que se llevará a cabo en Asturias este fin de semana. Sin embargo, la convivencia de este tema crucial con otros asuntos como la conciliación y la educación será igualmente relevante para los asistentes.

En Madrid, el movimiento detrás de esta cumbre ha sido coordinado por la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien se encuentra trabajando en colaboración con los consejeros de las comunidades autónomas. Este encuentro, que se desarrollará en Colunga, cuenta con la presencia del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, quien se reunirá con los presidentes autonómicos de los territorios dirigidos por el PP, según informaciones proporcionadas por fuentes dentro del partido a Europa Press.

La vivienda se establece como el punto focal de esta reunión, aunque otros temas, como la reducción de impuestos, la conciliación familiar, y la educación también se tratarán en el encuentro. De hecho, se anticipa que se planteará la propuesta de una EBAU común, que ya ha sido mencionada por el PP. Asimismo, se espera que se designe un espacio para abordar la agenda judicial, que, según los populares, se encuentra en constante acercamiento a la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez.

Como ha sido costume en encuentros previos, Gamarra ha asumido el papel de coordinadora de las reuniones preparatorias y el trabajo conjunto con las comunidades autónomas y ciudades con gobiernos del PP. Esto asegura una alineación en los intereses y objetivos que llevarán a discusión durante el cónclave.

Este tipo de encuentros ya tiene precedentes; el primero se celebró en marzo de 2024 en Córdoba. Durante ese evento, los líderes del PP firmaron la 'Declaración de Córdoba', que expresó la oposición del partido a la amnistía en un contexto de fuerte polarización política. En el mismo documento, se comprometieron a implementar la educación infantil gratuita para niños de 0 a 3 años, y proyectaron establecer criterios homogéneos para la EBAU 2025, entre otros objetivos relevantes.

Los participantes en ese primer encierro también hicieron hincapié en la necesidad de una financiación autonómica que sea equitativa y libre de privilegios, así como la adquisición de una 'cogobernanza efectiva' respecto a los Fondos Next Generation. Adicionalmente, formulaban propuestas para expandir las plantillas de médicos en atención primaria y establecer un pacto nacional relacionado con el agua, destacando la urgencia de una coordinación clara tanto a nivel nacional como europeo en temas de inmigración.

De acuerdo con el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, la vivienda será el tema predominante en la cumbre en Asturias, confirmando que "necesitamos más suelo, y lo pondremos a disposición, ya que la solución radica en construir más viviendas y no en intervenir el mercado". Esta declaración subraya la postura del PP en cuanto a abordar la crisis habitacional española de manera proactiva.

Sémper, en un reciente encuentro con la prensa, hizo hincapié en la necesidad de reformas significativas destinadas a erradicar la burocracia que actualmente afecta la tramitación urbanística, un obstáculo que genera considerables complicaciones en la ordenación del territorio.

Durante la cumbre, se prevé que se debatan diversas leyes y reglamentos. El PP está en la fase final de elaboración de su propia Ley de Vivienda, que planea registrar en el Congreso en este mes de enero. También se abordarán reformas en leyes gubernamentales como la Ley del Suelo y la Ley del Contrato de concesiones de obra pública.

Otro punto de discusión incluirá la conciliación, la estructura impositiva y la educación, según lo confirmado por Elías Bendodo, vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP. Este último subrayó la importancia de centrar el diálogo en lo que verdaderamente preocupa a los ciudadanos, más allá de las controversias políticas que dominan el escenario nacional.

La Ley de Conciliación del PP, que se planea llevar al Senado, se coloca también entre los temas candentes. Esto sigue a la reciente negativa del Gobierno a tramitar dicha propuesta en el Congreso, citando un coste significativo que estima en 1.385 millones de euros.