En una sesión parlamentaria celebrada este martes, la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, anunció la modificación del Reglamento de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Asturias (ROTU) para regular la suspensión de autorizaciones en suelo no urbanizable relacionadas con instalaciones de almacenamiento de baterías. La medida se mantendrá hasta que se realice un estudio exhaustivo para determinar qué suelos son los más adecuados. La propuesta de modificación del decreto del ROTU ya está en fase de consulta pública y se espera su aprobación antes de que finalice 2024.

En la reunión de la permanente de la cuota del 31 de julio de 2024, se aprobaron varios acuerdos relacionados con el marco regulatorio y la tramitación urbanística. Se ha establecido que los suelos idóneos para este tipo de actividades son aquellos clasificados como suelo urbano o urbanizable con uso industrial, energético o minero, así como suelos no urbanizables de origen industrial, minero o energético.

La consejera ha señalado que se continuará con las tramitaciones de instalaciones en suelos industriales urbanos, urbanizables y no urbanizables siempre que los ayuntamientos lo autoricen. Estos procesos se llevarán a cabo de acuerdo con la normativa vigente y considerando los aspectos ambientales, urbanísticos y energéticos.

Ante la pregunta del diputado del PP, Luis Venta, sobre la ubicación de almacenes de energía en baterías cerca de viviendas en el medio rural, Roqueñí enfatizó que los procedimientos de autorización son reglamentados y objetivos, aplicando la legislación existente y garantizando la evaluación adecuada de cada proyecto.

La consejera recordó la importancia de los almacenamientos energéticos para garantizar un suministro seguro y confiable de energía, destacando la necesidad de determinar su ubicación de manera correcta según la normativa europea y estatal.

Por su parte, Luis Venta-Cueli criticó duramente al Gobierno de Barbón, acusando a Roqueñí de estar inhabilitada políticamente y de representar las cenizas de un ejecutivo cuestionado. Además, cuestionó la decisión del Gobierno de no aprobar simultáneamente el decreto de suspensión y las directrices relacionadas con otras actividades, alegando un supuesto engaño hacia la población asturiana.