La consejería de Hacienda y Fondos Europeos, que esta legislatura asume las competencias de Justicia, contará en 2024 con un presupuesto de 154,9 millones, de los cuales 2 millones servirán para hacer frente a las primeras certificaciones del derribo del antiguo HUCA.

Además, se destinarán 100.000 euros para elaborar el anteproyecto de unificación de las sedes judiciales de Oviedo, con el fin de planificar el destino judicial de las nuevas sedes de Llamaquique. También se incluye una partida para el alquiler del edificio de Telefónica en Oviedo, que será utilizado para acoger cuatro sedes judiciales en el entorno de Llamaquique.

En cuanto a la eficiencia energética de los edificios administrativos, se invertirán 1.165.000 euros en el Instituto de Administración Pública Adolfo Posada y 825.000 euros en el EASMU y la sede de la consejería de Hacienda y Fondos Europeos. Estas inversiones serán financiadas con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

El presupuesto también contempla mejoras en el Hospitalillo de Bustiello y en la Ciudad de Vacaciones de Perlora. Para Perlora, se destinará una partida de 90.000 a 203.400 euros para ampliar los servicios actualmente contratados.

En materia de justicia gratuita, se aumentará la partida destinada al pago de las retribuciones a los colegios profesionales de abogados y procuradores, pasando de 6 a 8 millones de euros. También se destinará una subvención de 125.000 euros para retribuir a los profesionales por actuaciones realizadas a requerimiento judicial, cuando no sea posible reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita del destinatario de los servicios.

En cuanto a las infraestructuras judiciales, se llevará a cabo un plan director a 10 años para determinar las necesidades y abordar el mantenimiento, la mejora y la renovación de las sedes judiciales. Para 2024, se invertirán 6,6 millones de euros en los nuevos juzgados de Langreo, la rehabilitación integral de la sede judicial de Cangas del Narcea, la elaboración del proyecto del futuro juzgado de Pravia y mejoras en las sedes de Siero y Avilés.

En materia de fiscalidad, se establecen beneficios fiscales para familias numerosas, con una deducción de 1.000 euros para unidades familiares con dos descendientes. También se incrementan las deducciones por el cuidado de hijos, pasando de 300 a 600 euros para el segundo hijo y sucesivos.

Para atraer talento joven, se amplía la deducción para contribuyentes que trasladen su domicilio fiscal a Asturias por motivos laborales. Además, se mejoran las deducciones por inversión en vivienda habitual y por arrendamiento de vivienda para jóvenes menores de 35 años. También se crea una nueva deducción para neutralizar el impacto de las ayudas a enfermos de ELA.

En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados se introducen nuevos beneficios fiscales, como la aplicación de un tipo 0 para el suelo rústico, las explotaciones agrarias prioritarias, la maquinaria agrícola para ganaderos y agricultores, y la construcción de viviendas de protección pública. También se establece un tipo reducido del 4% para la adquisición de vivienda habitual en municipios en riesgo de despoblación o para jóvenes menores de 35 años.

Finalmente, se propone una modificación del impuesto de donaciones, estableciendo un tipo súper reducido del 2% para las donaciones entre familiares directos de hasta 150.000 euros. Además, se establece una cláusula antiabuso para evitar la utilización fraudulenta de la escala de donaciones.