OVIEDO, 6 de noviembre - En una decisión que resalta el compromiso de la justicia con la protección del medio ambiente, la Fiscalía de Asturias ha solicitado una pena de dos años de prisión para un pescador furtivo que ha sido detenido nuevamente por sus actividades ilícitas en las costas asturianas. Este individuo es señalado por la captura ilegal de más de veinte kilos de percebe en la localidad de Llanes. La audiencia se desarrollará este jueves en el Juzgado de lo Penal nº 1 de Oviedo, a las 9:45 horas.

De acuerdo con el informe presentado por el Ministerio Público, el incidente ocurrió en la madrugada del 14 de agosto de 2022. En ese momento, el acusador fue sorprendido mientras recolectaba percebe en el área conocida como Peña Quimera. Posteriormente, intentó escapar nadando hacia la Playa de Pendueles, en Llanes. Sin embargo, su huida fue detenida por inspectores pesqueros, quienes le incautaron una bistronza y una mochila que contenía 20,82 kilos de percebe, los cuales fueron posteriormente entregados a una residencia de ancianos en Ribadesella.

Además de los percebes, se le confiscó un traje de neopreno y dos aletas, lo que subraya la gravedad de su actividad ilegal. Cabe destacar que los hechos ocurrieron en una 'zona libre' durante un periodo de veda, lo que significa que el acusado no contaba con la autorización necesaria para realizar actividades de marisqueo. Esta situación no solo representa una violación de la normativa, sino que también ha causado un daño considerable a la sostenibilidad de este recurso marino tan valioso.

La Fiscalía considera que el comportamiento del acusado se encuadra dentro de las disposiciones del artículo 335.2 y 3 del Código Penal, que aborda los delitos contra la fauna. En este caso, se añade la circunstancia agravante de reincidencia, dada su historia delictiva en relación con la pesca furtiva. Por estos motivos, el Ministerio Público ha solicitado no solo una condena de dos años de prisión, sino también la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la pena, así como una inhabilitación adicional que prohibiría al acusado realizar actividades de marisqueo por un periodo de cinco años.