OVIEDO, 21 de noviembre. La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado un total de 21 años de prisión para un hombre acusado de perpetrar delitos sexuales continuados contra dos de sus propias hijas en el municipio de Valdés. La audiencia tuvo lugar el pasado jueves en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ubicada en Oviedo, y se ha dejado la decisión final a la espera de una sentencia.

Según el Ministerio Fiscal, el acusado, nacido en 1968 y padre de cuatro hijas y un hijo, habría abusado sexualmente de una de las niñas, que en ese momento contaba con 16 años, en al menos tres ocasiones durante el año 2019, en fechas que aún no han sido precisadas.

En adición a estos cargos, se establece que a partir de marzo o abril de 2019, aprovechando la ausencia de su esposa, quien trabajaba por las noches, el procesado comenzó a agredir sexualmente a otra de sus hijas, que tenía 18 años en ese momento. Estas agresiones se reportan hasta en cinco ocasiones semanales, lo que destaca una serie de abusos sistemáticos y devastadores en un entorno que debería ser seguro para ellas.

Fue en mayo de 2020 cuando las dos jóvenes decidieron romper el silencio y confesar a su madre lo que habían sufrido, lo que llevó a la presentación de una denuncia formal. En respuesta, el 21 de mayo de 2020, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Valdés implementó medidas cautelares, prohibiendo al procesado acercarse a sus hijas a menos de 200 metros y evitando cualquier tipo de comunicación con ellas durante la duración del procedimiento judicial. Además, se tomaron medidas civiles para proteger a la menor de edad, otorgando la guarda y custodia a su madre, suspendiendo el régimen de visitas del padre con los hijos menores, y estableciendo una pensión alimenticia, mientras que también se le otorgó a la madre y a los menores el derecho al uso del hogar familiar.

La Fiscalía califica los acontecimientos como delitos de abuso y agresión sexual. En consecuencia, se ha solicitado una pena de 21 años de prisión, además de imponer al procesado la medida de libertad vigilada por un periodo de diez años tras cumplir su condena. En términos de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal exige que se les indemnice a las víctimas con cantidades de 6.000 y 12.000 euros, respectivamente, por el daño moral sufrido y las consecuencias que les han afectado, más los intereses legales que correspondan.