Un grupo de ganaderos se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de desórdenes públicos y de atentado contra agentes de la autoridad, tras una tractorada que tuvo lugar en Oviedo en febrero pasado. Los afectados creen que esta imputación es un intento de intimidar al sector primario por parte del Principado y la Delegación de Gobierno.

El coordinador del sindicato agrario URA, Borja Fernández, junto con la abogada de los investigados, Ana Vallina, y dos de los afectados, ha denunciado que se firmaron acuerdos con la Consejería de Medio Rural y con la Delegación del Gobierno, asegurando que no habría represalias para los participantes en la manifestación. Sin embargo, la citación judicial ha sorprendido a cuatro ganaderos involucrados en las protestas.

Estos ganaderos están recibiendo asesoramiento legal y apoyo por parte de URA, cuyo líder ha desafiado al Principado y la Delegación del Gobierno, afirmando que las amenazas solo les dan más fuerza para continuar con sus reclamaciones. Por su parte, la abogada defiende que no hay pruebas en su contra y considera esta investigación como un mecanismo de presión para silenciar las protestas del colectivo.

Los investigados han afirmado que declararán ante el juzgado este martes, ya que no tienen nada que ocultar. Aseguran que su participación en las manifestaciones fue pacífica y en apoyo al sector ganadero. Uno de ellos ha destacado que esta imputación es una medida de presión para desalentar futuras movilizaciones.

Desde la Delegación del Gobierno han asegurado que no se prometió nada a los manifestantes, argumentando que sería considerado prevaricación. Además, han señalado que la vía administrativa de la Delegación no tiene relación con la citación judicial de los ganaderos, que está siendo tratada en el ámbito penal.