OVIEDO, 13 de noviembre.

La Junta General de Asturias ha dado un paso significativo este miércoles al aprobar, en una sesión plenaria, el dictamen que modifica por cuarta vez la Ley de Turismo del Principado. Esta decisión, que busca regular los pisos turísticos, fue respaldada con el voto afirmativo de los 24 escaños del PSOE, IU-Convocatoria por Asturias, así como del diputado Adrián Pumares del Grupo Mixto-Foro y la diputada Covadonga Tomé. En contraste, el Partido Popular y Vox, con un total de 21 diputados, expresaron su rechazo a la iniciativa.

La diputada del PP, Sandra María Camino, se posicionó en contra de la reforma argumentando que el texto carece de la rigurosidad y el nivel técnico necesarios, lo que, según su criterio, deja en duda la seguridad jurídica del mismo. Con un tono desolador, Camino cuestionó la viabilidad de esta modificación y su capacidad para abordar los desafíos actuales del sector.

Por su parte, la diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, subrayó la necesidad urgente de abordar el fenómeno de la desindustrialización y la turistificación de la economía asturiana. Tomé argumentó que el turismo no debe convertirse en el pilar principal de la economía regional, sino que debe existir un equilibrio donde este sector se posicione como un complemento a la industria. Esta perspectiva busca maximizar los beneficios del turismo al tiempo que se mitigan sus efectos negativos.

En su intervención, Tomé abogó por una reforma más ambiciosa, aunque reconoció la relevancia de actualizar la normativa del sector turístico, aunque sea de forma mínima. A su juicio, las enmiendas presentadas por el PP no contribuyen de manera significativa a la mejora del texto.

Adrián Pumares, del Grupo Mixto-Foro, también lamentó que la reforma no pueda ser más contundente, aunque consideró que cumple con los objetivos en el marco de las competencias del Principado. Pumares destacó la creciente demanda de regulación por parte de los ayuntamientos más impactados por la proliferación de viviendas de uso turístico, así como del sector de la hostelería que busca pautas claras y seguras para operar.

Xabel Vegas, de IU-Convocatoria por Asturias, enfatizó la urgencia de esta reforma, señalando que Asturias enfrenta una crisis habitacional. Según él, esta ley no solo tiene como finalidad regular las viviendas de uso turístico, sino que responde a la necesidad de proteger el derecho a la vivienda, un principio consagrado en la Constitución Española. En este sentido, argumentó que es vital limitar el uso especulativo de la vivienda, un bien esencial para los ciudadanos.

La portavoz de Vox, Carolina López, criticó las intenciones de la reforma, considerándola más como un intento de prohibir que de regular efectivamente las viviendas de uso turístico. Sostuvo que el resultado final carece de contenido real y que las enmiendas propuestas solo agravaron la situación original del texto.

En defensa de la reforma, la diputada socialista Lidia Fernández reiteró la importancia de tomar en cuenta a las comunidades de vecinos. A partir de ahora, se requerirá una acreditación de la Junta de Propietarios para establecer una vivienda como turística, lo cual busca fortalecer el control local y asegurar que las voces de los residentes sean escuchadas.

Fernández también mencionó que esta reforma persigue consolidar la calidad del turismo, ordenar un sector que ve un crecimiento sostenido y mejorar la convivencia entre los visitantes y los residentes. La propuesta incluye tres objetivos centrales: promover la sostenibilidad, autenticidad e identidad regional en la acción turística, establecer las viviendas de uso turístico como modalidad de alojamiento reconocida y regularizar la inspección y el régimen sancionador, enfocándose en la actividad ilegal y el intrusismo profesional.

Uno de los cambios más notables es la obligatoriedad de alquilar las viviendas turísticas en su totalidad, impidiendo el arrendamiento por habitaciones, a la par que se implementan requerimientos de accesibilidad y sostenibilidad, alineados con otras modalidades de alojamiento.

Finalmente, esta reforma se alinea con el anuncio de un registro digital que pretende el Ministerio de Industria y Turismo, que incluirá todos los alojamientos turísticos comercializados a través de plataformas de alquiler en España, facilitando así la identificación de ofertas ilegales. En este contexto, la reforma se posiciona como una garantía para que Asturias continúe siendo un destino de calidad, competitivo y sostenible.