OVIEDO, 30 de enero. Un nuevo capítulo en la investigación del trágico accidente de la mina de Cerredo, ocurrido en marzo de 2005 y que resultó en la muerte de cinco trabajadores, se ha escrito hoy en la Junta General del Principado. Ana María Rodríguez, administradora de la empresa Combayl, ha decidido ejercer su derecho a no comparecer ante la comisión encargada de esclarecer los hechos.

Durante su breve declaración, Rodríguez, quien es esposa del empresario Jesús Rodríguez Morán, conocido como Chus Mirantes, comenzó expresando su empatía y condolencias hacia las familias afectadas por la tragedia. "El dolor que han padecido merece nuestro total respeto", afirmó, antes de distanciarse de cualquier vínculo con la Dirección General de Minas o agencias gubernamentales relacionadas con el sector minero.

Rodríguez hizo énfasis en que hay un proceso judicial abierto en el Juzgado de Cangas del Narcea y comunicó su intención de permitir que la justicia siga su curso sin interferencias. En ese sentido, anunció su decisión de no contestar preguntas de los representantes parlamentarios, argumentando que el silencio sería la mejor contribución al esclarecimiento de la verdad en este delicado asunto.

“Lamento no poder responder a sus preguntas hoy, pero creo que lo más prudente es mantener el silencio para facilitar que la investigación judicial cuente con la solidez necesaria”, añadió con un tono de respeto hacia la situación.

Al abrirse el debate entre los grupos parlamentarios, los representantes de Izquierda Unida y el PSOE, Xabel Vegas y René Suárez, optaron por no formular preguntas. Vegas explicó que, tras una revisión exhaustiva, se había demostrado que el verdadero controlador de Combayl y otras empresas era su esposo, y concluyeron que no había valor en continuar con el interrogatorio. El diputado socialista siguió la misma línea, respetando su decisión de no declarar como un derecho constitucional.

En contraste, Rafael Alonso del Partido Popular se mostró más inquisitivo, formulando preguntas detalladas sobre la jerarquía de decisiones en Combayl, buscando esclarecer quién realmente dirigía la empresa y quién estaba a cargo de los nombramientos y despidos de los directores de la mina de Cerredo.

Los cuestionamientos del PP también abarcaron temas como la contratación de técnicos, los lazos con profesionales del sector, la distribución de salarios, así como la transmisión de concesiones mineras a la empresa de su hijo tras el accidente de 2022, indagando sobre las motivaciones detrás de esta decisión.

Por otro lado, Gonzalo Centeno de Vox centró su atención en las implicaciones personales y financieras que el proceso judicial podría acarrear, preguntando si ella era consciente de que, de ser culpable, las familias de las víctimas podrían ver limitadas sus compensaciones económicas, en contraste a lo que podría ocurrir si se derivaban responsabilidades hacia la administración.

Centeno también indagó sobre el conocimiento de Rodríguez respecto a las operaciones en la mina y si había tenido alguna percepción de las actividades a través de su esposo o trabajadores, en un intento de desentrañar la conexión entre su familia y el negocio minero.

Finalmente, Adrián Pumares de Foro Asturias expresó su decepción por la falta de claridad en la sesión sobre cuestiones vitales, tales como la elección de su hijo para dirigir Blue Solving y la mina de Cerredo, la toma de decisiones en la empresa y quién realmente solicitó el Proyecto de Investigación Complementaria, sugiriendo que responder a estas preguntas podría haber contribuido significativamente a los esfuerzos de la comisión por esclarecer los eventos ocurridos.