El Gobierno del Principado de Asturias ha confirmado que el anteproyecto de ley de presupuestos para el año 2025 será presentado el próximo 27 de noviembre en la Junta General. Esta noticia fue divulgada durante la reunión de la Junta de Portavoces, que se llevó a cabo este miércoles en Oviedo.

El anuncio de que se suspenderá la actividad ordinaria del Parlamento para centrarse en la tramitación del presupuesto ha generado un fuerte rechazo entre los partidos de la oposición. Estos grupos han caracterizado esta decisión como un "ataque a la democracia", destacando la importancia de mantener el control y la supervisión parlamentaria sobre el Ejecutivo.

Este jueves, los miembros de la Junta de Portavoces se reunirán nuevamente a las 9:00 horas para seguir discutiendo este asunto. Las fuentes parlamentarias han confirmado esta información, reafirmando la necesidad de abordar las preocupaciones y objeciones planteadas por los distintos grupos políticos.

Dolores Carcedo, portavoz del PSOE, explicó que el Gobierno ha decidido remitir el anteproyecto de presupuestos a la Junta General en la fecha anunciada. Como es habitual, el PSOE plantea suspender la actividad ordinaria para dar prioridad a la discusión del presupuesto, lo que incluye la cancelación de las sesiones de control y orientación que se realizan quincenalmente.

Carcedo añadió que algunos grupos parlamentarios propusieron tratar estos temas en una reunión posterior, lo que fue finalmente aceptado. Esto implica que habrá una sesión dedicada a discutir los pormenores de la situación, evidenciando una cierta flexibilidad ante las preocupaciones expresadas por la oposición.

Acompañando al PSOE, el grupo Convocatoria por Asturies IU-Más País-IAS también está en el poder y, según la diputada Delia Campomanes, este tipo de suspensión para priorizar el presupuesto es algo común que se ha hecho en años anteriores, lo que sugiere que la práctica tiene un precedente en el funcionamiento del Parlamento asturiano.

Por otro lado, el Partido Popular, liderado por su portavoz Álvaro Queipo, se ha manifestado con vehemente oposición a esta decisión, describiéndola como un "intento de secuestro" de la actividad parlamentaria por parte del PSOE. Queipo ha expresado que esta medida parece diseñada para silenciar a la oposición hasta febrero, lo que pone en tela de juicio los fundamentos democráticos del Gobierno.

El portavoz del PP enfatizó que el presidente regional, Adrián Barbón, está "obligado" a responder a las preguntas de la oposición, e insistió en que su partido utilizará todos los recursos disponibles para poner freno a lo que calificó de "razones espurias" detrás de la cancelación del pleno.

Carolina López, portavoz de Vox, también ha manifestado su descontento, acusando al Gobierno de cometer un "atropello" contra la democracia y las instituciones. Según ella, el intento de cancelar el pleno refleja un deseo del Gobierno de evitar el control ciudadano ejercido a través de la oposición.

López concluyó manifestando su desconfianza hacia la administración actual, sugiriendo que el anuncio del anteproyecto de presupuestos no fue una mera coincidencia, sino que se planeó con la intención de eludir la rendición de cuentas ante el Parlamento.