OVIEDO, 31 de octubre. En un reciente encuentro de la Junta General, el Síndico Mayor, Roberto Fernández Llera, ha manifestado su preocupación por la frecuente utilización de subvenciones nominativas en el ámbito del sector público autonómico. Según él, estas ayudas están siendo mal dirigidas, ya que muchos beneficiarios las emplean para cubrir gastos ordinarios, en vez de invertirlas en iniciativas económicas específicas que podrían impulsar el desarrollo regional.

El Síndico presentó ante el Parlamento asturiano el Informe final acerca de la fiscalización de estas subvenciones en 2023. Este documento complementa otros informes relativos a la Cuenta General y a diversos proyectos apoyados con fondos interterritoriales, ofreciendo un panorama más claro sobre la supervisión del sector público en Asturias.

Fernández Llera subrayó que, sorprendentemente, el 30% de las subvenciones auditadas se destina a financiar actividades rutinarias de los beneficiarios o a proyectos que deberían recibir apoyo de otras fuentes. Además, el informe revela que un preocupante 82% de estas ayudas son de naturaleza recurrente, lo que indica que han sido concedidas durante varios años consecutivos.

El documento también pone de manifiesto serias carencias en el control de estas ayudas y en la justificación del gasto. En un alarmante 86% de los casos revisados, no se encontró evidencia que validara la adecuación de los proyectos aprobados, mientras que el 40% carecía de informes que comprobasen las actividades subvencionadas. También se identificaron gastos inapropiados en organizaciones como la Federación Asturiana de Piragüismo y la Fundación Oso Asturias. Fernández Llera indicó que la Intervención General no ha realizado un seguimiento específico de estas subvenciones desde el año 2020.

Por otro lado, el Síndico Mayor destacó la aparición de errores provocados por la introducción manual de datos en los sistemas, errores que incluso han impactado la base de datos nacional sobre subvenciones.

Con el propósito de rectificar estas deficiencias, la Sindicatura ha formulado cuatro recomendaciones clave. La primera sugiere una transición paulatina de subvenciones recurrentes hacia métodos de gestión más apropiados para cada tipo de ayuda, evitando que se utilicen como financiación regular. La segunda aboga por la identificación clara de las partidas presupuestarias de subvenciones nominativas, señalando beneficios y montos, lo que garantice una mayor transparencia y facilite el seguimiento.

La tercera recomendación establece que, previo a la aprobación del presupuesto, se debe verificar que los posibles beneficiarios cumplen los requisitos legales mediante una declaración responsable. Esto permitiría un control previo sin imponer cargas administrativas innecesarias, garantizando además la debida comprobación por parte de la Administración.

Finalmente, la cuarta recomendación pide que las Secretarías Generales Técnicas de las consejerías y otras entidades desarrollen directrices internas comunes para la gestión y verificación formal y material de las actividades subvencionadas, promoviendo así una coordinación eficaz y una supervisión uniforme.

El Síndico concluyó su intervención enfatizando la imperiosa necesidad de ajustar el uso de las subvenciones nominativas para asegurar que se utilicen por su finalidad original, evitando su desnaturalización como medio de financiación ordinaria. También resaltó la importancia de garantizar transparencia, control y legalidad en su gestión.

Este informe, en su versión provisional, fue discutido por el Consejo de la Sindicatura el 27 de noviembre de 2024 y se remitió de inmediato para recibir alegaciones. Tras un análisis exhaustivo, la versión final fue aprobada el 29 de enero de 2025, y desde entonces está disponible tanto para la Cámara como para el público. Las alegaciones presentadas también se han publicado en la página web de la Sindicatura.